Caso fraude: OEA detecta cuatro contradicciones claves en informe pagado por la Fiscalía

Si bien el más reciente informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) hace una dura crítica a la pericia pagada por la Fiscalía General del Estado a un grupo de tres investigadores de la 'Deep Tech Lab de Bisite', de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, también resalta aciertos y contradicciones que fortalecen la auditoría realizada por la OEA tras las fallidas elecciones de 2019 y que develaron los indicios de fraude electoral.

El informe pericial encargado por la Fiscalía da cuenta de las vulnerabilidades del sistema electoral y de las manipulaciones que tuvieron lugar, señalando que se podía añadir, modificar o eliminar datos sin dejar evidencias. 

“El informe (presentado por la Fiscalía) reconoce que fueron posibles las alteraciones manuales de los sistemas y bases de datos, que personas no identificadas podían efectuar cambios y no dejar rastros, que no existió supervisión, y que no se puede garantizar la integridad y autenticidad de la evidencia", reseña la OEA. A pesar de ello, en el informe de la Fiscalía se afirma que no existió manipulación.

Apegándose netamente a la parte técnica, desde el ente internacional exhibieron que, a través de distintas afirmaciones a lo largo del documento, los académicos pagados por la Fiscalía contradicen su propia conclusión sobre la integridad de los resultados:

1.- Reconocen la "Alteración manual de las bases de datos" de servidores del TREP y cómputo a las 17:02 del 21/10/2019. Del mismo informe pericial se desprende que no quedó registro de actividad del usuario. Es decir, el estudio confirma que era posible la alteración manual de los datos y que esto podía hacerse sin dejar rastros. Más adelante, en el texto del documento, compararon las bases de datos de TREP y cómputo, señalando que no había diferencias significativas y por ello concluyeron que no había manipulación de los datos.

"Esta comparación que realizaron para fundamentar su dictamen es defectuosa, pues no permite detectar las alteraciones manuales como la que ellos mismos reconocen", apuntan desde la OEA. 

De acuerdo a la reseña del ente internacional, sabiendo que existían ese tipo de alteraciones manuales, los especialistas pagados por la Fiscalía utilizaron un método que induce a una conclusión errónea. 

2.- En sus conclusiones, los especialistas de Salamanca sostienen: "A pesar de que el equipo pericial ha verificado la integridad del contenido de las bases de datos de la elección, hubo usuarios no identificados con capacidad de acceso al sistema informático del proceso electoral, como administrador, que tuvieron la capacidad de añadir, modificar y/o eliminar datos, así como de borrar los registros de las evidencias". Esto iría en contra de lo que argumenta el Gobierno.

3.- En las conclusiones, los autores pagados por la Fiscalía también expresan que “el borrado de las evidencias [...] supone una incidencia de riesgo alto, ya que permite ocultar al comportamiento del servidor al equipo pericial y esconder así, posibles acciones malintencionadas”.

4.- En el Anexo III, dictaminan “que los sistemas del TREP y cómputo oficial fueron independientes. La única información que se compartió entre ellos fueron las actas provenientes del extranjero”. Esta afirmación, además de ser falsa, expone la deficiencia del análisis realizado sobre las bases de datos, pues no pudo siquiera identificar las imágenes de actas que no poseían respaldo papel y que, sin ser del extranjero, se integraron al cómputo, según la OEA Tampoco pudo, por lo tanto, identificar su origen, integridad y autenticidad.

"Teniendo en cuenta lo anterior, y sumado a los otros conceptos vertidos, no es posible que los autores puedan concluir que las bases de datos no fueron manipuladas", sentencia la OEA.

La coincidencias

Si bien hay contradicciones, la OEA resalta que el principal acierto del informe pagado por la Fiscalía es que confirma los graves hallazgos en materia informática contenidos en auditoría de carácter vinculante de la OEA, realizada a petición del Gobierno de Bolivia en 2019.

Por ejemplo, ratifica la utilización de dos servidores ajenos a la estructura tecnológica establecida para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

También ratifica que el entorno permitía la manipulación de los datos, suplantación de actas o cualquier otra maniobra a través de usuarios con privilegios root en el TREP y el cómputo oficial

A esto se suma la falta de registros que impiden determinar la actividad de los usuarios sobre las bases de datos; que se redirigió el tráfico hacia una red externa que estaba fuera de dominio, administración, control y monitoreo del Tribunal Supremo Electoral (TSE); que hubo destrucción de la evidencia; y otros aspectos que comprometen la integridad de los sistemas utilizados en las elecciones de Bolivia en 2019.

Respecto a los servidores ocultos, el informe señala que es importante recordar que las verdaderas funciones del primer servidor oculto y la existencia del segundo fueron descubiertas por los técnicos de la OEA, de los que se ocultó esta información y sólo se admitió su existencia una vez descubierta por los expertos de la OEA. 

Por lo tanto, "no se puede concluir, como lo hace el informe pagado por la Fiscalía, que no haber reportado estos servidores constituye negligencia o que es parte de un incidente involuntario. "La incorporación de estos servidores constituye una manipulación en la infraestructura tecnológica y es parte de la red de mentiras con la que se buscó engañar al equipo de la OEA y a toda la población boliviana", concluye el organismo internacional.