El exvicepresidente aclaró que renunció a “cualquier indemnización económica”. La Procuraduría manifestó que el trámite está en la etapa de fondo y es reservado

4 de octubre de 2022, 4:00 AM
4 de octubre de 2022, 4:00 AM


Álvaro García Linera, quien fue vicepresidente de Bolivia entre 2006 y 2019, renunció a cualquier resarcimiento económico por parte del Estado en el marco de la demanda que, junto con su hermano Raúl, presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las vulneraciones a sus derechos. El caso sigue abierto, pero se tramita en reserva, aclaró ayer la Procuraduría General del Estado.

“Desde que se inició la denuncia por torturas y violación a nuestros derechos humanos, tanto Raúl García Linera como mi persona renunciamos a cualquier tipo de indemnización económica. Tomamos esta decisión porque consideramos que nuestros ideales y convicciones no se negocian por ningún monto de dinero”, afirmó García Linera en una carta que envió a EL DEBER. 

El 23 de mayo, la Procuraduría emitió un informe dirigido a la Cámara de Diputados en el que da cuenta de los casos de “soluciones amistosas” que el Estado tiene en trámite con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el documento figura el “Caso 12.528, denominado Álvaro García Linera y otros. 

La Procuraduría, en un comunicado, divulgado ayer, precisó que este contencioso internacional “continúa en la etapa de negociación en la CIDH, luego de haber reingresado a esta fase (de fondo) a inicios de este año, 2022”. El escrito aclara, en ese marco, que “no es posible brindar mayor información sobre su contenido por estar vigente la confidencialidad correspondiente”.

De acuerdo con el procedimiento del sistema interamericano de Derechos Humanos, cuando una demanda ingresa en la “etapa de fondo” se prevé la conciliación entre las partes. En este caso, entre los hermanos García Linera y el Estado, de manera que se apliquen las medidas correctivas de “la no repetición” de los daños perpetrados contra las víctimas, que fuesen afectadas. Si la etapa de conciliación o de “soluciones amistosas”, no resulta exitosa, la CIDH presenta el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte - IDH) y se abre un juicio internacional.

El documento oficial de la Procuraduría indica que el caso 12.528 “se encuentra en etapa de fondo y recientemente, en fecha 14 de marzo de 2022 se ha reingresado a la etapa de solución amistosa” sobre este caso.

García Linera dijo que en 2013 renunció a cualquier pago estatal.