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La activación de un juicio oral por delitos penales contra tres personas por la tragedia de Chapecoense a instancias de la Fiscalía Anticorrupción fue calificada como un show, una distracción para contrarrestar las demandas ya ganadas en una corte de Estados Unidos, según la defensa legal de los procesados.

Según el jurista Néstor Higa, que defiende al exgerente de operaciones de LaMia, Marco Antonio Rocha, refugiado en Miami-Estados Unidos, el juicio que fue llevado a un tribunal en el Palacio de Justicia debe ser extinguido.

A Higa  le parece totalmente injusto accionar un juicio después de casi cinco años contra Marco Antonio Rocha, el general Gustavo Vargas y la exfuncionaria de Aasana Celia Castedo Monasterio por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y desastre en medios de transporte.

Considera que este caso legalmente debe estar extinguido porque la norma fija como límite tres años, pero ya van casi cinco y recién se ocupan de activar el juicio oral con fines netamente distractivos en busca de otros intereses.

El vuelo jamas debió salir

El jurista Higa consideró que había una póliza de $us 25 millones de LaMia y que para el seguro no tenía cobertura porque no cumplió con el último pago de su cuota.

“Si detectaron que la Póliza por $us 25 millones no estaba cubierta en su última cuota y que no había cobertura, entonces ese vuelo jamás debió salir del aeropuerto de Viru Viru”, subrayó.

Cree que se trata de un proceso irregular y arbitrario porque Marco Antonio Rocha no estaba en Bolivia cuando sucedió la tragedia porque se encontraba en Europa.

Por ello, ve que no puede existir responsabilidad penal y que Marco Antonio Rocha se vio obligado a refugiarse en Estados Unidos.

El fondo humanitario

La principal aseguradora en Bolivia, BISA Seguros, vio la necesidad de crear un fondo humanitario de $us 9 millones para asistir a las familias de las víctimas de Chapecoense.

En reiteradas oportunidades los representantes de las familias, especialmente el mayor número de Brasil, aseguraron que no recibieron ni un peso de ese fondo y hasta el momento no se hizo efectivo el pago. Los familiares de tanto peregrinar decidieron llegar con sus demandas a Estados Unidos donde un tribunal falló para el pago de $us 880 millones para indemnizar a los familiares y las víctimas de Chapecoense.

Mientras tanto en Santa Cruz, la Fiscalía sigue adelante con una acusación penal presentada contra Marco Antonio Rocha, Celia Castedo y el general Gustavo Vargas.

El juicio oral se sustancia en el tribunal décimo de Santa Cruz, integrado por los jueces Guido Castellón Carrillo, Paola Sandoval y Aníbal Ugarteche. Hasta el momento el tribunal no fijó hora y fecha para la apertura del juicio porque falta realizar notificaciones a las partes procesales.

Los jueces tendrán que definir si el juicio se realiza presencial o virtualmente por la pandemia del coronavirus. Celia Castedo está refugiada en Brasil; Marco Antonio Rocha, en Miami, y solo Vargas permanece en Santa Cruz.

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