La Asamblea Legislativa Plurinacional convocó a una sesión ordinaria para el próximo 5 de mayo en la ciudad de La Paz, donde se realizará la interpelación al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Huerta, en el marco del denominado caso ´32 maletas´, una investigación que ha generado alta repercusión política y judicial en el país.
La convocatoria fue emitida por el presidente del Legislativo, Edmand Lara Montaño, quien citó a senadores y diputados a la séptima sesión ordinaria, programada para las 09:00 en el hemiciclo parlamentario. El punto central del orden del día será el cuestionamiento directo a la autoridad sobre las actuaciones del Ejecutivo en este caso.
El proceso judicial paralelo continúa avanzando en la vía ordinaria. Este jueves, una audiencia cautelar fue suspendida debido a la ausencia de uno de los principales imputados, el juez Hebert Zeballos, quien presentó un certificado médico. La decisión fue asumida por la jueza Albania Caballero, quien reprogramó la diligencia para el 29 de mayo.
El caso ´32 maletas´ se remonta a noviembre de 2025, cuando un vuelo privado procedente de Estados Unidos arribó al aeropuerto de Viru Viru con equipajes que supuestamente tenían divisas. Las investigaciones posteriores derivaron en la imputación de varias personas, entre ellas la exdiputada Laura Rojas, además de funcionarios judiciales, guardias de seguridad y otros implicados.
Inicialmente, el proceso fue abierto por presuntos delitos vinculados al tráfico de sustancias controladas; sin embargo, el Ministerio Público amplió la investigación por legitimación de ganancias ilícitas, tras detectar indicios en el análisis patrimonial y movimientos económicos de los investigados.
Actualmente, varios de los acusados cumplen detención preventiva en el penal de Palmasola, mientras que un ciudadano uruguayo que llegó con Rojas, desde Estados Unidos, permanece prófugo con orden de captura internacional.
La interpelación al ministro de Gobierno se produce en un contexto de cuestionamientos sobre el manejo institucional del caso, que también involucra a efectivos policiales investigados por presuntas omisiones en el reporte oportuno del ingreso del cargamento.
El desarrollo de la sesión legislativa marcará un nuevo capítulo en este caso, que combina aristas políticas, judiciales y de seguridad, y que continúa bajo investigación tanto en Bolivia como en coordinación con instancias internacionales.