Caso Marset: en Uruguay renunciaron tres altas autoridades de gabinete y en Bolivia unas siete personas recuperaron su libertad

Distintas realidades. Ha pasado más de tres meses desde que se conoció en el territorio nacional la fuga del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera (32), junto a su familia, de su lujosa vivienda en el quinto anillo de la avenida Alemania, en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz.

Marset es considerado una persona de alta peligrosidad por las actividades que realiza a través de su organización criminal en Sudamérica, con el envío de grandes toneladas de droga a Europa. Además, es señalado como el autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia, en 2022, según los informes policiales de Paraguay. Sobre este narcotraficante, en Bolivia y en Uruguay se están llevando las respectivas diligencias, aunque con panoramas muy marcados.

En Uruguay

En el país charrúa se destapó un escándalo que derivó en una crisis de gabinete para el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. El 1 de noviembre, el ahora excanciller de Uruguay, Francisco Bustillo, renunció a su cargo tras conocerse audios en los que solicitaba a una subalterna ocultar una comunicación sobre la peligrosidad del narcotraficante uruguayo en el marco de la tramitación de su pasaporte.

En aquella oportunidad, Bustillo anunció su decisión de renunciar al cargo luego de que la ex vicecanciller Carolina Ache declarara en la causa iniciada por la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en la entrega del pasaporte uruguayo a Marset, en noviembre de 2021.

Marset, hoy prófugo de la justicia, solicitó el pasaporte uruguayo en octubre de 2021, y lo obtuvo a fines de noviembre de ese año mientras estaba detenido en Emiratos Árabes Unidos (EAU) por haber intentado salir de ese país con un pasaporte paraguayo falso.

A raíz de ello, el sábado 4 de noviembre, el ministro y el viceministro del Interior, Luis Alberto Heber y Guillermo Maciel, además del asesor presidencial en comunicación, Roberto Lafluf, presentaron su renuncia, las cuales fueron aceptadas por el primer mandatario.

Ache, que dimitió de su cargo en diciembre de 2022 por este asunto, dijo que Bustillo le sugirió "perder" el celular, al declarar el miércoles ante el fiscal que investiga presuntas irregularidades en la entrega del pasaporte a Marset.

También dijo que Lafluf le pidió a ella y a Maciel que "borraran" los chats en una reunión en noviembre de 2022 que tuvo lugar en el mismo piso donde está el despacho presidencial.

Se trata de altas autoridades pertenecientes al gabinete de jefe de Estado, que ahora dejaron sus cargos para pasar a investigación. El fiscal de Delitos Económicos de Primer Turno, Alejandro Machado, sorprendió al afirmar que tiene previsto citar al mandatario uruguayo para que brinde su declaración y así aclarar la eventual destrucción de un acta notarial referente al caso, con presuntas intenciones de ocultar evidencia a la Justicia.

En Bolivia

En Bolivia, las investigaciones pusieron en el radar a 105 personas, de las cuales 41 fueron aprehendidas, entre ellos siete extranjeros, y 27 personas fueron encarceladas con detención preventiva. En estos números no figura ningún ministro de Estado. 

Sin embargo, en las últimas horas se observó un movimiento inusual donde cercanos al narcotraficante, además de un funcionario de Migración en Beni recobraron su libertad. Hasta el momento se logró contabilizar que siete personas recobraron su libertad bajo medidas sustitutivas.

Por ejemplo, el miércoles 8 de noviembre, Daniela Jordán Sánchez, considerada como la agente inmobiliaria del traficante uruguayo Sebastián Marset, recobró su libertad en una audiencia de cesación a la detención preventiva.

Según las investigaciones que ponderó en su momento la Policía y de la Fiscalía, Daniela Jordán era señalada de captar "palos blancos" para lavar dinero de la organización de Marset. Ahora se defenderá en libertad.

El 7 de octubre, el jugador charrúa Christian Latorre, que cumplía una detención preventiva en Palmasola acusado por cinco delitos por vínculos con Marset, también recibió detención domiciliaria. Se espera la misma situación en los próximos días del jugador uruguayo Lucas Nahuel Casavieja.

El 30 de octubre fue beneficiado con libertad irrestricta Rinat Leónidas Sueiro Phillips, que se desempeñaba como responsable de extranjería de Migración del Beni. 

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Sueiro Phillips fue uno de los encargados principales de firmar el trámite para la visa de permanencia de trabajo de Sebastián Marset, cuando éste se encontraba detenido en Dubai.

El 18 de octubre, Rony Suárez, señalado por el Ministerio de Gobierno como la persona que creó empresas fantasmas para favorecer las actividades ilícitas del capo narcotraficante, también recibió medidas sustitutivas.

El 14 de octubre, Romy M.M., exesposa de Erlan Morales, este último considerado por las autoridades policiales como presunto testaferro de Sebastián Marset, obtuvo medidas sustitutivas por la justicia.

Ella fue aprehendida después de que los agentes investigativos hallaron en su domicilio dos cajas de proyectiles de armas, empero, la mujer aseguró que era de propiedad de su expareja y rechazó las acusaciones en su contra.

En cuanto a las personas que aún guardan detención preventiva, para este viernes está fijada la audiencia de cesación a la detención preventiva del exjugador Gualberto Mojica, acusado por cinco delitos por sus vínculos con Marset, por compartir en el club deportivo Los Leones El Torno.

Para la próxima semana fue fijada, por el juez Primo Flores, la audiencia virtual de Erlan Ivar García López, conocido como “El Colla”, sindicado de ser no solo el segundo hombre al mando de la red criminal del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, sino también de ser el proveedor de droga.

El mismo ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, calificó a “El Colla” como un ‘pez gordo’ del narcotráfico, por sus supuestas operaciones al enviar sustancias controladas en gran proporción a varios países de Sudamérica, incluso, introduciendo droga emergente de Perú.

En esta investigación, tanto la Policía como la Fiscalía ejecutaron 131 allanamientos, se secuestraron 39 inmuebles, entre ellos un famoso centro de eventos y espectáculos.

El Comando nacional de la Policía informó que en los allanamientos y confiscación en inmuebles, en la ciudad y en el área rural, se registró una afectación patrimonial de casi $us 30 millones a la organización.

“Existe un alto grado de inmoralidad”

El análisis

Para el analista y militar retirado, coronel Jorge Santistevan, la investigación que se lleva adelante en Bolivia, en comparación la de Uruguay, sólo demuestran un alto grado de inmoralidad de las autoridades nacionales que manejan las principales instituciones, ya que no se tocan a los ministros cuestionados.

“Los vínculos han sido bien notorios, sobre todo de algunas instituciones en relación con Marset. Nuestras instituciones no gozan de la confianza del pueblo boliviano, no responden a una política del Estado”, dijo Santistevan en contacto con EL DEBER.

Consideró que el Gobierno no sólo debió pronunciarse sino llamar fuertemente la atención a la justicia por dejar en libertad a Rinat Sueiro, responsable de extranjería de Migración del Beni.

Santistevan sostuvo que, ante el operativo fallido, la divulgación de audio de Sebastián Marset, las cabezas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el comandante nacional de la Policía, además del ministro de Gobierno y del ministerio de Obras Públicas, Edgar Montaño, debieron ser removidos de sus cargos y sometidos a una investigación.

Para Santistevan, este proceso no tendrá avances significativos, menos aún una investigación imparcial hacia los ministros mencionados y las personas que guardan detención en este caso continuarán saliendo en libertad. “No creo que Marset sea capturado en Bolivia sino en otro país”, puntualizó.