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El Gobierno informó este viernes que el armamento que se trasladó desde Ecuador ingresó a territorio nacional el 16 de noviembre de 2019 en un operativo que se manejó con “perfil bajo” y sin que existieran pronunciamientos oficiales.

El ministro Eduardo Del Castillo anunció que mañana brindará detalles sobre los gases lacrimógenos, municiones y armas que fueron gestionadas por la administración de Jeanine Áñez a la entonces Presidencia de Lenín Moreno.

“Esto estaba manejado con perfil bajo, no hay pronunciamientos oficiales. El 16 de noviembre de 2019 ingresaron armas, proyectiles y granadas a territorio nacional, mañana daremos los detalles”, manifestó la autoridad, en conferencia de prensa.

Sostuvo que se continúa recolectando elementos para probar que dicho material fue trasladado a territorio nacional, después de afirmar en la víspera que entre los elementos también se encontraban “municiones de guerra”.  

Las declaraciones:


Gary Prado, abogado de dos exfuncionarios encarcelados del Ministerio de Defensa, dentro del caso gases lacrimógenos, manifestó que se envió un avión militar a Ecuador para traer los elementos disuasivos en calidad de préstamo.

“El exministro Arturo Murillo había vendido a la ex presidenta Áñez en el gabinete y al propio ministro de Defensa Fernando López una situación de necesidad extrema de la Policía a tal punto que pide un vuelo especial de Bolivia a Ecuador porque habían logrado les preste gases lacrimógenos y estopines de goma para suplir las necesidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía”, informó en la Red Uno.

Sin embargo, versiones desde Ecuador niegan que se hubiera “prestado” municiones de guerra al Gobierno transitorio, aunque comenzó a circular una comunicación oficial, de mayo de 2020, en la que esa nación solicita la devolución de 5.000 granadas de mano GL-30; 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37MM; 560 proyectiles de corto alcance calibre 37MM y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.

Del Castillo también reveló que el exministro, detenido por soborno y lavado de dinero en Estados Unidos, utilizó bancos de esa nación y de Brasil para mover el dinero del presunto sobreprecio en la adquisición de los implementos no letales.

“Sabemos que el señor Arturo Murillo era parte del clan mafioso de todo el Gobierno de la señora Áñez y utilizaban la empresa Bravo Tactical Solutions para sacar el dinero al pueblo boliviano, para utilizar un sobreprecio y luego repartírselo a través de bancos en Estados Unidos, Brasil y también en efectivo”, acotó.

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