Caso pederastia: abogada de jesuitas dice que no pueden dar compensación económica a víctimas de tres sacerdotes fallecidos

La abogada de la Compañía de Jesús en Bolivia, Audalia Zurita, aseguró que ésta no puede dar una compensación económica a los afectados por los abusos cometidos por tres sacerdotes de la orden ya fallecidos, y alertó que, si se levanta el secreto de confesión, como piden sectores políticos que promueven una ley para ello, los feligreses ya no asistirán a realizar este sacramento católico.

Ante el dolor sufrido por algún tipo de violencia sexual, la abogada de los jesuitas remarcó que no se contempló ningún tipo de compensación económica para las víctimas. “Lo que no quisiéramos es discutir públicamente una situación que debe ser abordada judicialmente. La Compañía de Jesús, como institución, no cometió delitos. Más allá de que para las víctimas es muy complicado exteriorizar ese drama sufrido, el responsable fue cada sacerdote, como Alejandro Mestre en 1961, quien cometió los abusos. Entendemos que, para las víctimas, es muy difícil exteriorizar ese drama sufrido, pero en ese caso el responsable fue Mestre, no la Compañía de Jesús”.

Entonces, si la Compañía de Jesús es demandada, anunció que se va a defender. “No puede hacer un ofrecimiento de apoyo profesional para los otros ítems que representa una reparación integral, que para empezar es la garantía de no repetición. Sin conocer estos hechos que han sido conocidos en el país, la Compañía de Jesús empezó a trabajar hace una década por lo ocurrido en el mundo. Se formaron estudiantes, padres de familia, docentes y la comunidad, para que puedan exteriorizar y denunciar cualquier agresión, no siempre sexual. A veces los docentes no tienen el comportamiento adecuado”.

Otra forma de compensación: “La Compañía de Jesús puso a disposición al equipo de profesionales para que les apoyen psicológicamente para que les ayuden a recobrar su estabilidad emocional y psicológica, y puedan desarrollarse de forma normal. El resto de los ítems deben verse en lo jurídico, ante los pedidos de asociación de exestudiantes del Colegio Juan XXIII que dicen que cada uno pretende recibir a $us un millón, a razón de $us 2.000 mensuales por 40 años de no haber superado estos traumas”.

El fallecido sacerdote español Alfonso Pedrajas admitió en un diario publicado por el periódico español El País, haber cometido más de 80 violaciones a estudiantes principalmente en el colegio católico Juan XXIII, de Cochabamba.

Muchos de los sacerdotes a los que Pedrajas acudió para relatar lo que había cometido, guardaron silencio, y cuando en Bolivia la justicia acudió a ellos para que brinden información, se acogieron al secreto de confesión, lo que generó sensación de impunidad para las víctimas.

“La reflexión que se ha hecho es, primero, no se puede modificar en el país la confesión que, en términos civiles, es un mandato que tienen los sacerdotes. Guardar su secreto es clave. En el país se ha propuesto una ley para levantarlo, ¿ustedes creen que a partir de que se promulgue alguien irá a confesarse ante un sacerdote, si éste podrá salir del confesionario y deberá dirigirse al Ministerio Público para denunciarlo? Pero, si así lo dispone la nueva legislación, la Compañía de Jesús la va a cumplir y la feligresía sabrá el riesgo que corre respecto de sus confesiones. Creo que son medidas irracionales. Las agresiones sexuales no son privativas de los sacerdotes, se cometen en todos los ámbitos”.

La abogada señaló que los hechos ocurridos hace seis, cinco o cuatro décadas “son crímenes horrorosos". La Compañía de Jesús a cargo del padre Bernardo Mercado consideró que debían ser tratados por el Ministerio Público. Relató que se recibió la denuncia del padre Pedrajas, pero que su sobrino, quien brindó el diario al periódico El País, no lo quiso entregar a los jesuitas, alegando que no confiaba en ellos.

“Por eso iniciamos esta indagación en La Paz, como la Procuraduría General, pero se desdobló también en Cochabamba. Hay tres casos, uno respecto al sacerdote Pedrajas. Luego, habiendo realizado dos denuncias, se abrió una investigación con relación al sacerdote Alejandro Mestre, quien murió hace muchos años (en 1988), y cometió estos abusos en 1961. No hay procesos contra muertos, se presentó contra el delegado, y por eso se dio el allanamiento de la Compañía de Jesús y el Colegio San Calixto. Se han llevado todos los documentos que tienen que ver con otras denuncias”, relató Zurita.

La abogado dijo que (entre los documentos que se llevó la Fiscalíia) habían archivos personales, de trabajo, de recursos humanos. “Se llevaron todo eso. No tenemos oposición o reclamo al respecto. El padre Bernardo Mercado estaba en el edificio el día que fue el Ministerio Público fue y podía no haber habido gente, e iban a romper candados. Se les abrió la puerta y pudieron sacar todo”.

Reseñó que esta denuncia fue presentada en 2021. “La víctima pedía reserva absoluta, tampoco quiso recibir apoyo psicológico. La investigación concluyó el año pasado, se emitió un informe, luego la víctima iba a decidir si recurría al Ministerio público. Hoy, esa situación cambió porque fue la Compañía de Jesús la que llevó el caso a instancias judiciales.

Verónica Miranda, la fiscal del caso, dijo que se hallaron folders de víctimas y fotos que comprometen la situación de los niños. “La fiscal halló cuatro archivadores. Uno de Pedrajas, otro de Mestre y otro del caso Luis Roma, en el que efectivamente hay fotografías. En la denuncia que el padre Oswaldo Chirveches realizó a la Fiscalía, ya presentó todo eso”.

Recordó que la agencia EFE, en 2019, realizó una denuncia contra él. A los seis meses de iniciada la indagación falleció el sacerdote Roma, se hizo requisa a su habitación y no se halló indicios. Fueron agresiones contra niños del oriente boliviano. El sacerdote que investigó se contagió de Covid, está vivo de milagro y él retomó la investigación tras una larga convalecencia (se refiere a Oswaldo Chirveches).

“¿Por qué no presentaron la denuncia ante el Ministerio Público?, son tres agresores: Pedrajas, Mestre y Roma, todos ellos fallecidos. ¿Qué sanción puede dar la Iglesia a una persona muerta?", se preguntó.

Un cuarto exdirector del internado Juan XXIII y también exdirector general de Fe y Alegría en Bolivia, Francisco “Pifa” Pifarré, fue mencionado por víctimas de pederastia, exvoluntarios de la Compañía de Jesús y el exjesuita Pedro Lima para que también sea investigado.

“¿Qué es lo que hizo para encubrir?, ¿cuándo conoció?, ¿cuál fue la agresión sexual que habría cometido?, ¿en contra de quién? No hay hechos, ni datos que nos pueda proporcionar el señor Pedro Lima, que tiene, creo yo, más odio y afanes de revancha que pruebas contundentes (contra los abusos sexuales). Nos dicen que, si la Compañía de Jesús no denunció, encubre, pero no es así. El padre Pifarré va a declarar como testigo”, dijo Zurita..