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La fiscal departamental de Santa Cruz, Mirna Arancibia despachó la semana pasada la denuncia hecha por el exdiputado Bernardo Montenegro contra el embajador de Ciencia y Tecnología de Bolivia, Mohamed Mostajo, a su par de La Paz, Marco Antonio Cossío, distrito donde se asienta la investigación contra varias personas, por la supuesta compra irregular de 170 respiradores españoles.

“Toda vez que se puso en conocimiento el memorial de denuncia presentado por el ciudadano Bernardo Montenegro en contra de Mohamed Andrés Mostajo, José Eduardo Claros y los que resultaran coautores y cómplices por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y otros, debido a la presunta compra de 170 equipos respiradores, realizado por el Estado boliviano. Teniendo en cuenta la apertura e inicio de una investigación sobre los mismos hechos en la ciudad de La Paz, es que, de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal sobre la invisibilidad de juzgamiento, remito y adjunto a su autoridad, el memorial de denuncia presentado, a los efectos legales correspondientes”, señala la carta de Arancibia.

El fiscal Cossío aún no informó sobre el destino de esta denuncia, que puede fusionarse al caso que involucra al ex ministro de Salud, Marcelo Navajas y a los funcionarios Fernando Valenzuela, Geovanni Pacheco, además de Fernando Humérez y las funcionarias del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ana Espinoza y Gabriela Pérez.

Montenegro, denunció en Santa Cruz, que Eduardo Claros Mostajo, primo de Mohammed Mostajo, tiene tres empresas importadoras de insumos médicos. “El señor participó en la entrega de equipos médicos en Trinidad junto al ministro de Justicia (Álvaro Coímbra). Lo que pido a la Fiscalía es que investigue si estas empresas tienen algo que ver con las adquisiciones que está haciendo el Estado para enfrentar la pandemia. Y si es así, verificar si hubo beneficios en licitaciones o adjudicaciones directas", manifestó al momento de presentar su denuncia.

Vinculan a ex ministro

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, aseguró que puede demostrar con resoluciones ministeriales, que el ex ministro de Salud, Aníbal Cruz, está vinculado al proceso de adquisición de los 170 respiradores artificiales.

“Puedo demostrar con estas resoluciones del mismo Ministerio, que vinculan a Aníbal Cruz, porque él ha iniciado el proceso de adquisición de estos respiradores. Incluso, designó de manera dolosa, a una persona para que pueda proceder a la adquisición de este equipo”, dijo Choque al momento de mostrar los documentos que llevan la firma del ex titular de Salud.

Explicó que el proceso para adquirir los 170 respiradores se inició el 19 de marzo de 2020. “Aquí tenemos la Resolución Ministerial 0137, en su artículo único designa a María Iriarte Sánchez, directora general de Asuntos Administrativos, como responsable de contratación directa de medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos, equipamiento médico y servicios de consultoría. Se tiene su firma y el de Fernando Valenzuela, actualmente detenido”, indicó.

Explicó que, el 23 de marzo, a través de otra resolución, el Ministerio de Salud aprobó modificaciones al reglamento de contratación directa de medicamentos, dispositivos, insumos, reactivos, equipamiento médico y servicios de consultoría, en el marco del Decreto Supremo 4174, lo que también deberá ser explicado por Cruz.