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El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Iván Rojas, reveló a EL DEBER que el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, detenido desde ayer en San Pedro por el caso de la compra con supuesto sobreprecio de 170 respiradores, mantuvo contacto y conversaciones por WhatsApp con la exministra y expresidenta de Diputados, Gabriela Montaño, del Movimiento al Socialismo (MAS). El Gobierno advirtió que tiene información suficiente para afirmar que ella está implicada en este caso.

“Lo único que puedo decir es que la señora Montaño mantenía contactos por WhatsApp con el señor Valenzuela”. Sin embargo, no quiso adelantar el contenido de la conversación y manifestó que una investigación policial está avanzada en el proceso de recuperación de esos textos.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que la FELCC debe precisar hasta dónde está implicada la exministra que se encuentra en Buenos Aires, Argentina, en el caso de la compra de 170 respiradores. “Nosotros tenemos la información de que tiene mucho que ver porque tuvo contactos continuos con Valenzuela”.

Murillo advirtió que tiene “serias sospechas de que Montaño estuvo coordinando todo este tiempo con Valenzuela. Sabemos que este señor fue uno de los principales operadores del MAS, que nunca dejó de estar en contacto con ella y la información que tenemos nos indica de que la comunicación era fluida”.

Complementó que el siguiente paso es establecer cuáles son los nexos: “¿Qué tiene que ver Montaño con los respiradores?, ¿Era parte del sobreprecio o era parte de la conspiración?, ¿era parte de la corrupción o era parte de la conspiración?, ¿o tal vez era parte de los dos?”.

Entonces, este medio le preguntó cómo fue que Valenzuela pudo mantenerse como director jurídico del Ministerio de Salud, luego de desempeñar el mismo cargo en la Cámara de Diputados, al lado de Montaño, y luego acompañarla en el Ministerio de Salud. “Bueno, eso hay que preguntarle al exministro Aníbal Cruz, a quién personalmente le pedí que lo retirara en tres oportunidades y nunca lo hizo”.

Murillo relató incluso que la última vez, fue la presidenta Jeanine Áñez la que le insistió: “'Te han dicho que lo hagas, ¿por qué no lo retiras?', y él dijo que por pena, luego me dijo a mí que ya lo había retirado. La verdad es que nunca lo hizo y habrá que averiguar por qué".

Este medio intentó conversar con el ex-ministro Cruz, pero no contestó su celular. La semana pasada, cuando EL DEBER le preguntó sobre este tema, dijo que no fue al ministerio como "cazador de pitufos (en alusión al color del MAS), sino a hacer gestión”.

Evaluó que tras 14 años de gestión del MAS, era imposible saber quién realmente era o no masista. “En el curso de la gestión fui detectando gente que efectivamente perjudicaba la gestión y la retiraba", señaló

Cuando se le preguntó específicamente sobre el abogado Fernando Valenzuela Billewicz, respondió que “él era de la Unidad Jurídica. Puedo decir que en su función es una persona experta, en el tema de resoluciones ministeriales, de todas esas cosas, y yo no podía prescindir de él porque no tenía a otra persona con esas características”. 

Complementó que en la gestión pública, Valenzuela era “uno de esos funcionarios que se especializa en años”.

El exministro de Salud, Marcelo Navajas, en su declaración informativa ante la Fiscalía, reveló que las especificaciones técnicas para la adquisición de los 170 ventiladores pulmonares ya estaban en el Ministerio de Salud. Con esa afirmación abrió la posibilidad de que hubieran sido gestionadas por su antecesor, quien dijo que nada tuvo que ver en esa compra

Navajas señaló que esas especificaciones  le fueron entregadas precisamente por el director jurídico, Fernando Valenzuela. Confesó además que se enteró de que ese funcionario había trabajado estrechamente con Gabriela Montaño en la gestión del MAS, pero que valoró más su calidad profesional.

Valenzuela fue precisamente identificado por Luis Fernando Humérez (testigo clave), también detenido, como quien vinculó al Ministerio de Salud con él y otros dos intermediarios (Walter Zuleta, defensor de Gabriela Zapata y radicado en Lima, Perú, quien a su vez se vinculó con Iñaqui García, representante de la empresa GPA Innova, quien al final vendió los respiradores al Ministerio de Salud). 

Según el testigo clave, él, Zuleta e Iñaqui, cada uno iba a ganar 340.000 dólares por haber hecho las gestiones. Humérez, en su declaración ante la Fiscalía, dijo que Valenzuela le dio el visto bueno para que haga la intermediación con el proveedor de España.

Cuando le preguntaron qué instancia del ministerio elaboró las especificaciones técnicas para la adquisición de los 170 respiradores, respondió otra vez que “le fueron proporcionadas por el doctor Valenzuela”, quien le señaló que “estas unidades ya habrían sido valoradas por alguna unidad del Ministerio de Salud y es por esto que les digo que si ya tienen las especificaciones de un ventilador pulmonar de emergencia inicien la compra por los canales correspondientes con carácter de urgencia”.

Cuando los investigadores insistieron sobre el papel de Valenzuela, la exautoridad recalcó que “yo le encargué a él de manera verbal que se ocupe del seguimiento y del proceso de contratación y no estoy seguro de haberle dado instrucción escrita”.

Ante la evidente relación de confianza, los investigadores consultaron por tercera vez cómo conoció a su director jurídico. “Lo conozco desde el 8 de abril, día que asumo el ministerio. Él era encargado del área jurídica, tenía conocimientos de todo el manejo jurídico del ministerio”, repitió.

Refirió que unas semanas después supo que esta persona “había tenido relación con el partido del MAS, lo que a mí no me importaba porque yo no he ido al Ministerio para buscar o traer a trabajar a nadie, yo lo que hice es ver su profesionalismo y capacidad, que eran adecuadas”.

Para Murillo, Marcelo Navajas cayó “por su exceso de confianza con Valenzuela, como con el resto de la gente, él debió revisar los procedimientos y no firmar nomás”.

Se le preguntó si es que consideraba que el juez, tomando en cuenta el estado de salud del exministro, debió concederle detención domiciliaria. “Siempre he dicho, desde que era diputado y senador, que no se deberían llenar las cárceles, que las personas pudieran defenderse en libertad, siempre y cuando no haya peligro de fuga. No soy partícipe de cárcel a no ser que sea un asesinato flagrante”.

Además, complementó: “Quiero pensar que Navajas actuó de buena fe, lo he conocido como un caballero honorable, no vi nada raro en su actuar como persona y me sigue pareciendo. Está pagando muy caro los errores que pudo cometer. No es un tipo torcido como Valenzuela, Humérez o Zuleta, quienes tienen un prontuario. No es la primera vez que están en asuntos ilícitos”.

Sin embargo, aseguró que el Gobierno no tiene por qué inmiscuirse en temas de la justicia. “Primero que Navajas no es mi amigo, lo conocí cuando asumió, no lo creo un corrupto, pecó por exceso de confianza y por no limpiar su ministerio”, concluyó Murillo.