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Ya no queda nadie tras las rejas por el caso del supuesto sobreprecio en la adquisición de 170 respiradores durante la anterior administración estatal. En las últimas horas, el Juzgado Tercero Anticorrupción de La Paz ordenó detención domiciliaria para Fernando Valenzuela, exdirector jurídico del Ministerio de Salud.

Valenzuela obtuvo el cese de su detención preventiva en el penal de San Pedro después de permanecer encerrado durante seis meses. Figuraba como uno de los principales responsables por la compra de estos equipos médicos de origen español, de la empresa GPA Innova, y que se destinarían para fortalecer el sistema sanitario en pleno pico de contagios por coronavirus.

Dentro de las medidas sustitutivas también se determinó arraigo para el acusado, así como una fianza de Bs 70.000. Otras personas investigadas en este caso también fueron beneficiadas con la detención domiciliaria.

Vale recordar que durante las pesquisas de este caso, se dio a conocer que Valenzuela fue un colaborador cercano a la exministra de Salud, Gabriela Montaño, y es militante del Movimiento Al Socialismo (MAS). El exfuncionario fue detenido en mayo de este año y se lo acusa como uno de los principales responsables de las compras irregulares de respiradores.

Los respiradores, que tenían un precio unitario de $us 7.194, fueron vendidos al Estado boliviano a  un precio de $us 28.080 cada uno. Se pagó el 50% de su costo total  ($us 2,2 millones). A esto se suma que no pudieron ser puestos en funcionamiento porque no venían con el software correspondiente y carecían de otras partes, así como tampoco eran los aparatos indicados para atender enfermos graves de Covid-19.

Asimismo, durante la investigación del caso, la Procuraduría General del Estado informó que Valenzuela tuvo comunicación con Gabriela Montaño y Evo Morales.

En septiembre de este año, la Procuraduría General del Estado (PGE) concluyó que Valenzuela fue el que “más intervino” en la adquisición de dichos equipos médicos, "habiéndose extralimitado en sus funciones como director jurídico del Ministerio de Salud, incurriendo en acciones típicas de incumplimiento de deberes, porque con sus acciones favoreció a terceros y no precauteló los intereses del Estado”, se lee en el informe.

El informe de la investigación refleja que también son investigados por este caso el exministro de Salud Marcelo Navajas, en actual detención domiciliaria;  Giovanni Pacheco, exdirector general ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Alberto Lozada, cónsul general de Bolivia en Barcelona (España), entre otros.

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