La audiencia del caso Sacaba, que debía definir la situación de la expresidenta Jeanine Áñez, concluyó durante las primeras horas de ayer sábado con una decisión que puede cambiar el curso de su proceso. El Tribunal de Sentencia de Sacaba se declaró incompetente para juzgar a la exmandataria, anuló los obrados y determinó que la causa debe remitirse al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a la Fiscalía General para que se tramite como un juicio de responsabilidades. El fallo acerca a Áñez a las puertas de su libertad.
La sesión, que se prolongó durante casi 16 horas, concluyó con una resolución ordena además levantar las medidas cautelares personales contra Áñez y los demás 17 procesados, entre exministros, altos mandos militares y jefes policiales. En consecuencia, se deberá emitir el mandamiento de libertad respectivo, lo que abre la posibilidad de que la expresidenta recupere su libertad después de más de tres años de detención preventiva.
Norka Cuéllar, abogada de Áñez, confirmó que la excepción de incompetencia fue declarada probada por unanimidad y que los obrados serán remitidos al TSJ, tal como establece la Constitución para el juzgamiento de expresidentes.
Eso sí, la audiencia estuvo marcada por tensiones. Según el activista David Inca, las misiones de observación del GIEI y la CIDH fueron retiradas de la sala, lo que levantó cuestionamientos sobre la transparencia. “Se declaró incompetente”, fue la escueta confirmación de uno de los asistentes cuando, después de ocho horas de deliberación, los jueces comunicaron su fallo.
Jeanine Áñez fue detenida en marzo de 2021, acusada inicialmente por el caso “Golpe de Estado I” y luego procesada también en los casos Sacaba y Senkata, que investigan las muertes ocurridas durante los conflictos sociales de 2019. Desde entonces ha permanecido privada de libertad en la cárcel de Miraflores (La Paz), lo que generó críticas de organismos internacionales como Naciones Unidas y la CIDH, que insistieron en que debía enfrentar un juicio de responsabilidades y no un proceso ordinario, habida cuenta el estado de derecho y la jurisprudencia existente para estos casos.
Durante el desarrollo de la audiencia en Sacaba, la exmandataria volvió a reclamar que su proceso era ilegal y pidió al tribunal actuar en derecho. La decisión final del tribunal coincide con ese planteamiento y, según su defensa, “marca un precedente importante para que la justicia reconozca el fuero que corresponde a las más altas autoridades del Estado”.
Escenarios
El fallo llega en un contexto de creciente debate sobre el uso extendido de la detención preventiva en Bolivia como herramienta de presión política. Líderes opositores, como Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, también enfrentaron largos períodos de reclusión preventiva antes de lograr medidas sustitutivas.
El expresidente Evo Morales y sectores del oficialismo sostienen que Jeanine Áñez debe ser juzgada por las muertes de Sacaba y Senkata, mientras que voces críticas aseguran que se vulneró el debido proceso al negarle un juicio de responsabilidades.
El activista David Inca, representante de víctimas de El Alto, advirtió que el fallo podría generar reacciones entre los familiares de las víctimas que esperaban justicia en la vía ordinaria. Sin embargo, también abre un nuevo escenario para Áñez, que podría recuperar su libertad en cuestión de horas y afrontar su proceso en condiciones distintas.
La expresidenta ya fue condenada a 10 años de prisión en un caso sobre la forma en la que asumió el poder en 2019, pero a merced de estos últimos fallos, el caso puede anularse en breve.
El fallo llega en un contexto de creciente debate sobre el uso extendido de la detención preventiva en Bolivia como herramienta de presión política. Líderes opositores, como Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, también enfrentaron largos períodos de reclusión preventiva antes de lograr medidas sustitutivas.
El expresidente Evo Morales y sectores del oficialismo sostienen que Jeanine Áñez debe ser juzgada por las muertes de Sacaba y Senkata, mientras que voces críticas aseguran que se vulneró el debido proceso al negarle un juicio de responsabilidades.
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La expresidenta ya fue condenada a 10 años de prisión en un caso sobre la forma en la que asumió el poder en 2019, pero a merced de estos últimos fallos, el caso puede anularse en breve.