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Comunidad Ciudadana (CC), con representación parlamentaria, presentó este lunes un proyecto de ley que plantea modificar 11 artículos de la Constitución Política del Estado (CPE), con la finalidad de reformar el sistema judicial.

La presentación de las sugerencias la realizó el presidente de CC, Carlos Mesa, y el jefe de la bancada de CC en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón. Las modificaciones pasan por cambiar la forma de elección de las autoridades del Órgano Judicial, garantizar un presupuesto suficiente para el sistema judicial y constitucionalizar el requisito de los dos tercios para aprobar temas sustantivos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Creemos que la modificación del sistema judicial es imprescindible para el funcionamiento democrático en Bolivia, puesto que no se puede concebir la democracia en Bolivia si se mantiene un Órgano Judicial desacreditado y vinculado a una militancia partidaria o una simpatía con el MAS (Movimiento Al Socialismo) y no se puede concebir un sistema judicial que está permeado por la corrupción y la ineficiencia”, declaró Mesa.

Asimismo, dijo que, con esta propuesta, CC pretende construir con una propuesta que no sea confrontacional, que sea viable. “Planteamos un conjunto de reformas que son viables y que pueden servir de base para llevar adelante este proceso de transformación de la justicia”, señaló.

Las propuestas

Carlos Alarcón explicó en detalle los alcances de la propuesta, indicando que “la paz social y el reencuentro entre los bolivianos depende de una transformación radical del sistema de justicia, que nos permita contar con jueces y fiscales verdaderamente independientes del poder político, imparciales en las causas que conocen y con trayectorias de excelencia personal y profesional”.

CC plantea la creación de un Consejo Ciudadano de Notables conformado por representantes de las facultades de derecho de las universidades públicas y privadas del país, colegios de abogados, asociaciones de periodistas, entidades empresariales, centrales de trabajadores y representantes de los pueblos indígenas y organizaciones de derechos humanos. Su organización y funcionamiento las definiría la Comisión Mixta de Constitución y deberá respetarse la equidad de género.

Este Consejo tendrá la responsabilidad de evaluar y calificar las trayectorias y méritos de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Fiscal General del Estado y Fiscales Departamentales, y presentar una terna a la ALP para cada uno de los cargos, con los postulantes mejor calificados.

La lista de seleccionados se remitiría a la Asamblea que designará a los altos magistrados y fiscales obligatoriamente de las ternas presentadas y, la ciudadanía, mediante referendo aprobaría o rechazaría en dos planchas, la de jueces y la de fiscales.

La reforma planteada por Alarcón es parcial y específica, y modificaría los artículos 162, 178, 182, 187, 188, 194, 197, 198, 199, 227 y 228 de la Carta Magna y no requeriría de una Asamblea Constituyente, sino de un referéndum aprobatorio.

“El artículo 411 parágrafo II de la CPE establece que la reforma parcial podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa”, aclaró el constitucionalista.

Dos tercios y presupuesto

CC propone además incluir en el Art. 162 de la CPE un párrafo que especifique que se requerirán dos tercios de votos de los legisladores presentes en la respectiva Cámara, en los 11 temas que, por la modificación de los Reglamentos de Senadores y Diputados decidido por la anterior Asamblea, hoy precisan solo de la mayoría simple.

Asimismo, en la propuesta se señala que “en caso de que una sola organización política o alianza tenga dos tercios de diputados o senadores, se requerirá una mayoría cualificada de tres cuartos”.

Una tercera modificación señala que se garantizará al sistema judicial y fiscal, en su conjunto, por lo menos el 2% del Presupuesto General del Estado para su funcionamiento. Del mismo modo, plantea la creación de una partida específica presupuestaria para la infraestructura y funcionamiento de la jurisdicción indígena originario campesina, que será administrada y ejecutada por sus propias autoridades.

“Esta transformación radical del sistema de justicia conlleva la necesidad de una renovación total de los actuales operadores, tanto en las altas esferas de la justicia y Fiscalía, así como en las intermedias e inferiores, y de la selección de nuevos operadores a través de un mecanismo constitucional que garantice su plena independencia, imparcialidad, trayectoria intachable y alta calidad profesional”, señaló Carlos Alarcón.

Finalmente, explicó que esta propuesta será debatida con las organizaciones sociales y políticas en todos los departamentos del país y se recogerán las sugerencias y aportes para enriquecerla y posteriormente remitirla a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su debate o para gestionarla a través de una iniciativa popular.

Estamos dispuestos a abrir un proceso de diálogo y consenso con las fuerzas políticas en la Asamblea porque creemos que la reforma de la justicia es un tema prioritario para garantizar la paz social y la democracia en el país”, finalizó el asambleísta.

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