CC señala como un ataque a la democracia la designación de los vocales electorales departamentales
"Los convierte en funcionarios de segunda o tercera", reseña Carlos Alarcón. La norma establece 6 años de duración en el cargo. También denuncia presiones para los vocales no alineados con el MAS
Los diputados de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón y Marcelo Pedraza, plantearon un revocatorio contra los ocho vocales designados por el presidente Luis Arce Catacora para los Tribunales Electorales Departamentales del país. La medida asumida por el mandatario corta el periodo de funciones de los actuales vocales y pone en riesgo, según los asambleístas opositores, la credibilidad democrática del país.
Alarcón calificó de "verdadero golpe a la democracia" la determinación del presidente. El reemplazo de los vocales incumpliendo la ley "hiere de muerte la independencia de los tribunales electorales del país".
Desde CC se entiende que la norma establece un periodo de vigencia de 6 años para los vocales electorales. De esa forma se garantiza la independencia "del cuarto poder del Estado como es el órgano electoral", enuncia el vocero opositor en la Asamblea.
La crítica planteada por Alarcón también se centra en la situación de sumisión en la que se encuentran los nuevos vocales nombrados. "Los sustituye considerándolos como funcionarios que están bajo su subordinación", considera.
Piden al Tribunal Supremo Electoral (TSE) "no hacer la vista gorda" y rechazar "estas designaciones que atentan a la independencia de todo el órgano electoral". La solicitud presentada por los dos legisladores propone mantener a los vocales designados durante el mandato a Áñez "hasta que cumplan los 6 años".
Desde las filas de Comunidad Ciudadana reclaman por el "sistemático copamiento de los tribunales electorales" por vocales afines al Movimiento al Socialismo (MAS) que "se suma el asedio permanente a los vocales que no responden al MAS como ha pasado con el renunciante de Salvador Romero o con la suspensión de la vocal Batista", lamenta Alarcón.
Estas acciones emprendidas por el Gobierno marcan, de acuerdo al reclamo presentado por CC, una ruta contraria a los principios que rigen la democracia.
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