El ministro de Economía expresó su preocupación porque la Ley Financial no haya sido aún aprobada en el Legislativo, lo que causaría perjuicios al sector público

9 de diciembre de 2022, 7:45 AM
9 de diciembre de 2022, 7:45 AM

“Los municipios, gobernaciones y universidades van a tener más recursos” con el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, afirmó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en respuesta a las críticas de legisladores de oposición que denunciaron que el proyecto de Ley Financial del próximo año es centralista.

Los asambleístas de oposición “han manifestado su rechazo por un tema estrictamente ideológico; han manifestado que no pueden aprobar un presupuesto que esté orientado al centralismo, cuando este presupuesto está mostrando que los municipios, gobernaciones y universidades van a tener más recursos”, sostuvo ayer la autoridad en conferencia de prensa.

Según datos de Economía, entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022 las entidades territoriales autónomas y las universidades recibieron un 17,8% más recursos, mientras que ese incremento será de un 3,9% entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023.

El miércoles pasado, la mayoría de los legisladores de la Cámara de Diputados rechazó formalmente el proyecto de Ley del PGE 2023. Los de oposición observaron su incoherencia y su centralismo, mientras que los del oficialismo echaron de menos proyectos enfocados en las regiones.

Un análisis de la Fundación Milenio indica que de los Bs 27.482 millones de inversión pública presupuestados para el próximo año, el 82% (23.056 millones) está asignado al Ejecutivo, las instituciones descentralizadas y las empresas públicas; dejando el 18% para los niveles subnacionales.

El PGE 2023 se rechazó porque “asigna el 30% de los recursos para las empresas deficitarias” y deja el 15% para las gobernaciones, municipios y universidades, afirmó la diputada Luisa Nayar (CC).

“El Gobierno insiste en retener para sí obras y programas que deberían desconcentrarse. Esto, a despecho de la pobre ejecución de los recursos de inversión pública en las gestiones anteriores, y a expensas de las necesidades y demandas de los gobiernos subnacionales”, sostiene Fundación Milenio.

“Está demostrado que un presupuesto centralizado es más ineficiente que uno que reparte recursos entre los varios niveles de administración y según las competencias y atribuciones definidas en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Y no solo eso, también se presta menos al control y la vigilancia de los ciudadanos que en los ámbitos locales y departamentales y, por tanto, es más proclive al despilfarro y la discrecionalidad”, advierte.

José Gabriel Espinoza, ex directivo del Banco Central de Bolivia, sostuvo que el hecho de que Diputados rechazara el proyecto de Ley del PGE 2023 “es una buena señal por varios motivos, pero principalmente porque la concepción de ese presupuesto está totalmente fuera de la realidad”.

Según Milenio, el Presupuesto General del Estado es un instrumento de la política económica que debe dar certidumbre sobre las cuentas públicas, la programación de ingresos y gastos, la inversión pública anual y las metas macroeconómicas.

Sin embargo, “no es eso lo que ofrece el proyecto de presupuesto 2023. La desprolijidad en su elaboración salta a la vista, así como una serie de inconsistencias que dejan más interrogantes que respuestas”, remarcó.

La Fundación Jubileo sostiene que el PGE 2023 muestra la misma orientación y resultado de las finanzas públicas de años anteriores: un profundo déficit fiscal, mayor endeudamiento y gasto corriente, y menor inversión pública. “Llama la atención que ante esta complicada situación no se estén abordando ajustes o reformas para afrontar este y otros problemas y desafíos que afronta el país, desde el punto de vista económico, y que requieren atención urgente”, indica.

“Nos causa extrema preocupación que no se haya aprobado el proyecto de presupuesto para la gestión 2023, porque eso va en desmedro de varias entidades estatales a nivel nacional y subnacional, como los municipios, gobernaciones y universidades que se van a ver perjudicadas a la hora de hacer sus actividades” el próximo año, dijo Montenegro.