Conversaciones intervenidas por la Policía española revelan que el ex presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, realizó gestiones para contactar al entonces presidente de Bolivia, Luis Arce, en el marco de un caso judicial que investiga presuntas influencias a favor de un grupo empresarial peruano Gloria, que mantenía disputas económicas con el Estado boliviano.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España incorporó a la investigación del denominado 'caso Plus Ultra' una serie de conversaciones entre José Luis Rodríguez Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, en las que el exmandatario instruye realizar contactos con el presidente boliviano Luis Arce. Los mensajes, fechados en mayo de 2025, muestran coordinaciones para concretar una comunicación directa con el jefe de Estado boliviano.
Una charla de mensajería instantánea fechada el 4 de mayo de 2025, Zapatero instruye a su secretaria: "Buenos días hay que intentar hablar con el presidente de Bolivia", a lo que Gertrudis Alcázar responde: Ahora escribo a la jefa secretaria de Arce".
Una hora más tarde, la secretaria confiró que había realizado la gestión y le pide llamar a "una mujer de confianza de Arce" y agrega: "está esperando tu llamada" y Zapatero contesta: "¡perfecto!".
De acuerdo con el informe policial remitido a la Audiencia Nacional de España, los investigadores relacionan esas gestiones con una presunta intermediación en favor del Grupo Gloria, una empresa peruana que mantenía litigios económicos con el Gobierno boliviano. La UDEF sostiene que Zapatero habría recibido 200.000 euros como supuesta contraprestación por facilitar contactos y gestiones destinadas a beneficiar los intereses de esa compañía ante autoridades bolivianas.
Lo que pasó en Bolivia
El Grupo Gloria requería respaldo en Bolivia. Su filial cementera, la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), arrastraba desde 2011 una demanda por competencia desleal presentada por la Fábrica Nacional de Cementos (Fancesa), empresa pública boliviana. La justicia boliviana determinó que Soboce utilizó de manera indebida acciones de Fancesa como garantía para financiar su propio crecimiento y, tras años de litigio y apelaciones, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia confirmó en febrero de 2025 la sentencia: el pago de 107 millones de dólares a favor de Fancesa. A ello se añadían otros dos conflictos: la falta de pago de la compensación por la nacionalización de acciones de Soboce y una obligación tributaria de 12 millones de dólares.
El 30 de mayo de 2025, un tribunal declaró procedente el recurso de amparo presentado por Soboce y dejó en suspenso la sentencia que obligaba a pagar los 107 millones de dólares. Según los investigadores españoles,
Simpatías con la izquierda boliviana
La relación de Zapatero con Bolivia se remonta a varios años atrás y se fortaleció durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Durante las administraciones de Evo Morales y posteriormente de Luis Arce, el ex jefe del Gobierno español mantuvo una relación cercana con líderes de izquierda de América Latina, participó en encuentros políticos y diplomáticos en la región y expresó públicamente posiciones favorables a procesos políticos progresistas impulsados por gobiernos afines ideológicamente. Además, fue reconocido como una figura de interlocución frecuente entre actores políticos latinoamericanos.
Investigación contra Zapatero
La investigación contra Zapatero forma parte de una causa más amplia que instruye la Audiencia Nacional española en torno al caso Plus Ultra. El juez José Luis Calama indaga presuntos delitos vinculados a tráfico de influencias, operaciones empresariales irregulares y supuestos beneficios económicos obtenidos mediante redes de intermediación política. En el proceso también fueron implicadas personas de su entorno cercano, incluida su secretaria y familiares, mientras las autoridades buscan determinar el origen y destino de diversos pagos bajo sospecha.
Las revelaciones han generado repercusiones políticas tanto en España como en Bolivia. Mientras sectores políticos españoles cuestionan el alcance de las presuntas gestiones realizadas por el expresidente, legisladores bolivianos plantearon la necesidad de investigar si existieron contactos o actuaciones de exautoridades nacionales vinculadas al caso. Entretanto, la justicia española continúa recopilando documentación y testimonios para esclarecer la naturaleza de las relaciones establecidas entre los involucrados y determinar si existió alguna conducta irregular.