Chávez deslinda responsabilidad en fallo a favor de Blas Valencia

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, sostuvo que en el caso Blas Valencia Campos y otros se condena al Estado por la inacción del sistema judicial y por vulneraciones cometidas por funcionarios, lo cual no representa una responsabilidad directa de Jorge Tuto Quiroga, quien era presidente en 2001 cuando ocurrió el hecho. Tampoco corresponde a Luis Arce, cuyo Gobierno estuvo en las negociaciones con las víctimas.

“En el caso Blas Valencia, el Estado ha sido encontrado responsable. El hecho ha ocurrido a finales del año 2001, el presidente era Jorge Quiroga. Si hablamos de mandatos, (cuando ocurre) el caso de Brisa Angulo (también estaba gobernando) Quiroga, pero no es su responsabilidad personal”, aclaró.

Sobre el mismo caso, el procurador dijo que es probable que la población cuestione que cómo es posible que Bolivia pierda frente a quienes organizaron el asalto a la remesa Prosegur en 2001; y respondió que no son juicios perdidos, sino que son de responsabilidad del Estado por inacción del sistema de investigación penal.

Reprochó que se lo haya acusado por “falta de diligencia” y, en consecuencia, como responsable de los tres fallos en contra el Estado boliviano.

“Ahora cuando salen los casos endilgan a los presidentes y eso no es así, son responsabilidades del Estado. Creo que es bastante injusto que a la actual gestión del presidente y del procurador, se quiera endilgar casos de hace 20 años y otro de 43 años atrás, sostuvo.

Dentro de las revelaciones que hizo Chávez, hubo reuniones confidenciales para llegar a soluciones amistosas con un grupo de víctimas del caso Blas Valencia y pese a que no prosperaron habrían obtenido casi la mitad del dinero que estaban solicitando como indemnización al Estado.

Entre seis meses y un año, Bolivia deberá cancelar la indemnización de $us 826.000 a 26 víctimas. Chávez dijo que es probable que esos recursos se presupuesten este año o el próximo.

Mientras, existe una obligación de dar cumplimiento a las investigaciones penales y otras políticas estatales de largo aliento para las cuales se planea presentar un calendario a la Corte IDH.

“Hay algunas acciones que demandan más tiempo y se hace un cronograma que daremos a conocer a la Corte IDH sobre los plazos que estimamos en los tres casos”, detalló.

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