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El vicepresidente David Choquehuanca logró reunirse ayer con un grupo de dirigentes cocaleros de Yungas, mientras el Ministerio de Gobierno cuantificó los daños provocados por los disturbios del vienes y pasaron la factura a los movilizados. Hay tres detenidos, acusados por los destrozos de un módulo policial y la quema de cinco vehículos de la Policía. 

“Se están cuantificando los daños que, preliminarmente, en la quema de los vehículos, ascendería a más de $us 40.000. En base a esa información vamos a tomar las medidas correspondientes para que los responsables asuman las consecuencias de sus actos”, informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

La autoridad aseguró que no había una iniciativa formal para poder establecer las conversaciones con los movilizados, pero, ayer por la tarde, los cocaleros llegaron hasta la Vicepresidencia con varios pedidos, uno de ellos, “la destitución del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo por haber agravado el conflicto”.

Así lo señaló Yuver Arce, uno de los dirigentes de los comités de “autodefensa” que se crearon para organizar la protesta. Explicó que estas conversaciones serán con una representación de las bases. “No estamos aquí para respaldar a nadie, no reconocemos a ninguna directiva y lo único que queremos es que nos devuelvan nuestra casa grande, nuestra sede, el mercado de la coca que construyeron nuestros abuelos”, manifestó el dirigente a los periodistas en la puerta de la Vicepresidencia del Estado.

 Los cocaleros de los Yungas llevan dos años peleando por el control de su sede. El largo conflicto se materializó con bloqueos de caminos y enfrentamientos con la Policía que esta semana recrudecieron con un saldo de una veintena de heridos, decenas de detenidos y agresiones a la prensa.

 En este escenario, el diputado Freddy Velásquez (MAS) anunció la intención del vicepresidente Choquehuanca de promover una mesa de diálogo para resolver el tema. Incluso, anticipó la posibilidad de lograr un acuerdo con los dirigentes que pugnan por la mesa directiva de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca).

Arce aclaró que “por ahora, el tema de los dirigentes, tres bandos en total, “es secundario”. “Queremos llegar a nuestra sede, ahí tenemos un lugar para descansar, ese mercado es nuestro”, insistió el representante cocalero.

La presidencia de Adepcoca fue tomada por el Arnold Alanes, un productor que es parte de las llamadas “zonas rojas”, que son las áreas donde existen más cultivos excedentarios, es decir fuera del límite legal permitido. 

El dirigente obtuvo el reconocimiento de los ministros Del Castillo y de su colega de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales. Esa decisión molestó al resto de las regiones cocaleras, conocidas como ancestrales o tradicionales. El exsenador Lino Villca, que es parte de esa región, dijo que el MAS intentó promover la migración de campesinos del chapare a esas zonas llamadas “rojas” y explicó que “los productores tradicionales nunca aceptarán a un representante de la coca excedente como presidente” de la organización cocalera. “Esa es la lectura que el Gobierno no hizo”.

Alanes fue elegido como el máximo dirigente de los cocaleros de La Paz en unos comicios celebrados el 4 de septiembre, pero hubo rechazo. El 20 de septiembre, el dirigente se autoproclamó y tomó control del mercado de la Adepcoca, con apoyo de la Policía y el reconocimiento del Ministerio de Gobierno.

“Cualquier mesa de diálogo posible debe partir por respetar la decisión orgánica del pueblo yungueño en las elecciones que se han realizado hace pocas semanas con participación de más de 20.000 personas”, remarcó en esa línea el viceministro Ríos.

Factura

Respecto a los destrozos del viernes, la autoridad señaló que existen dos personas arrestadas. Entre los vehículos destruidos hay cuatro automóviles Toyota Caldina y una vagoneta. “Estamos a la espera del señalamiento para la audiencia cautelar y que sea la justicia que determine qué es lo que va a proceder con estas personas”, añadió y adelantó que la investigación sobre “el ataque” al módulo policial continuará con la revisión de cámaras de videovigilancia “y otros elementos para identificar a los responsables de estos hechos”.

En la vicepresidencia, los representantes de los cocaleros también pidieron que se liberen a los detenidos. “Han sido culpados sin pruebas”, reclamó Yuver Arce. Aseguró que hubo un “autoatentado para perjudicar al sector”.

Para esas conversaciones, al menos 40 dirigentes de las tres provincias productoras de coca de La Paz se acreditaron, Nor y Sur Yungas, además de Caranavi. Mientras se desarrollaban las primeras tratativas, se recibían las declaraciones de los detenidos. Al final de la tarde, varios dirigentes que esperaban afuera de la Vicepresidencia fueron informados que los detenidos iban a ser liberados ante la ausencia de pruebas.

Acusados de otros hechos, el jueves fueron arrestadas 33 personas que recuperaron su libertad tras ocho horas de encierro, salvo un estudiante que fue enviado a la cárcel de San Pedro por dos meses, tras ser acusado por portación de explosivos, según confirmó el abogado Eusebio Vera.

Por otro lado, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Humanos en Bolivia consideró que en la intervención policial en el conflicto hubo abusos. “El uso excesivo y desproporcionado de la fuerza mina la confianza en las instituciones y supone una violación a los derechos que debe ser investigada y sancionada para que no se repita”, señaló el comunicado divulgado por este organismo.


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