Las bandas escolares ya comenzaron a recorrer las calles de Sucre y los primeros actos cívicos por los 217 años del grito libertario del 25 de mayo de 1809 arrancaron en medio de un escenario distinto al vivido durante el Bicentenario.
Aunque los bloqueos fueron levantados y la capital chuquisaqueña recuperó la normalidad, varias delegaciones suspendieron su llegada y cientos de visitantes no podrán participar de las actividades programadas para el aniversario departamental.
El gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, aseguró que las celebraciones continúan y destacó que este viernes comenzaron los desfiles culturales y turísticos en la capital. “Estamos en un ambiente de aniversario y cumpliendo un sinfín de actividades”, afirmó durante una entrevista en el programa Qué Semana de EL DEBER.
Sin embargo, la autoridad reconoció que el contexto político y los conflictos nacionales terminaron afectando la magnitud de las actividades previstas para este año.
“No es lo mismo tener desbloqueado el país”, sostuvo Ayllón, al explicar que varios invitados y delegaciones no pudieron llegar a Sucre. Entre ellos mencionó autoridades, representantes sociales y hasta el embajador de China, cuya visita finalmente no se concretó.
El gobernador señaló que el impacto económico también será menor al registrado en 2025 durante las celebraciones del Bicentenario. Según sus datos, el año pasado la actividad hotelera, gastronómica y de transporte generó un movimiento económico cercano a Bs 50 millones durante diez días de festejos.
Ahora, la proyección es mucho más moderada. “Será de 30 millones o menos”, admitió.
Ayllón evitó profundizar sobre el conflicto político nacional, aunque pidió una pronta solución y cuestionó la confrontación permanente entre sectores en disputa. “Nadie se puede arrogar el derecho de todos”, afirmó, al pedir racionalidad y diálogo entre los actores políticos.
El gobernador también aprovechó la entrevista para advertir sobre la situación crítica de las gobernaciones y particularmente de Chuquisaca. Reveló que la administración departamental enfrenta una deuda superior a Bs 1.000 millones, pese a contar con un presupuesto anual cercano a Bs 300 millones.
“Estamos en una situación hasta de desesperación económica”, sostuvo.
En ese contexto, volvió a insistir en un acuerdo político nacional sobre el denominado 50/50 y reclamó una mejor redistribución de recursos desde el nivel central hacia las regiones.
Según explicó, existen al menos 14 obligaciones que actualmente deben cubrir las gobernaciones pese a corresponder al Gobierno central. Entre ellas mencionó el pago de prediarios y trámites vinculados a títulos de bachiller.
“Merecemos una mejor redistribución de los recursos”, afirmó Ayllón, quien además alertó sobre el deterioro de caminos y la falta de recursos para atender necesidades urgentes en el departamento.