CIDH: El resarcimiento a víctimas de Sacaba y Senkata tuvo menos avance
El ministro de Justicia anunció que la Fiscalía presentará este mes la acusación formal en contra de laexpresidenta Jeanine Áñez, por ambos casos. El asesor de las víctimas cuestiona a Iván Lima
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el primer informe de la Mesa de Seguimiento (Meseg) a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Bolivia, y calificó con un cumplimiento “parcial”, en un tercer nivel -el más bajo en la categorización- al resarcimiento a las víctimas en los hechos de Sacaba y Senkata.
El informe asegura que el país cumplió “totalmente” sólo con dos de 36 recomendaciones emitidas en 2021, ambas relacionadas con la investigación de los hechos de 2019 tras la renuncia y salida del país del expresidente Evo Morales, acusado de fraude electoral
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El ministro de Justicia, Iván Lima, consideró que es un informe positivo para el Estado boliviano, pues de las 14 recomendaciones evaluadas, dos han sido de cumplimiento total, tres de cumplimiento parcial sustancial, nueve de cumplimiento parcial y una pendiente de cumplimiento. Sin embargo, anunció que el 10 de noviembre viajará a Washington, a la sede de la CIDH, para exponer los niveles de cumplimiento.
Como corroboró el ministro, son nueve recomendaciones las que cuentan con cumplimiento solamente “parcial”, y están vinculadas a la adopción de un plan de atención y reparación integral a las víctimas de 2019; el diseño e implementación de un “censo” de víctimas y la promoción de actos públicos para reconocer la dignidad de las víctimas.
El abogado y asesor de las víctimas, David Inca, en declaraciones a este medio, señaló que esa calificación es benévola con el Gobierno, porque no se avanzó en nada, mientras que Lima respondió que ese comentario sólo busca confundir al país y que, efectivamente, se cumplirá totalmente cuando se obtenga sentencias ejecutoriadas contra los autores.
Inca dijo que a las víctimas no les interesa si se procesa a la expresidenta Jeanine Áñez por la vía ordinaria o por juicio de responsabilidades, y criticó al Gobierno porque politizó y se enfrascó en ese debate “en lugar de avanzar en la investigación. El Ministerio de Justicia planteó, primero, proceso por excepción y luego ordinario. Esa contradicción retrasó todo. Los familiares y víctimas quieren saber quién mató, quién ordenó que disparen, quién torturó, quién ordenó y quién ordenó detener. En eso no se ha avanzado en nada”, argumentó.
Por su parte, el ministro Lima replicó que “se habla de un avance parcial porque no hay sentencia ejecutoriada”. Anticipó que la Fiscalía presentará este octubre la acusación formal por ambos casos, para dar curso a los juicios donde la expresidenta Jeanine Añez enfrenta una posible condena de 30 años de cárcel por el delito de genocidio.
Inca replicó que eso no es suficiente. “Es solamente el comienzo, no tendremos sentencia en un mes, solamente comenzará un proceso que puede durar años, el ministro sólo quiere marear la perdiz”.
El 15 de noviembre de 2019, al menos 11 civiles perdieron la vida y otros 120 resultaron heridos en Sacaba. El 19 de noviembre, en cercanías de Senkata, barrio de la ciudad de El Alto, en el departamento de La Paz, otros 11 civiles perdieron la vida y 78 heridos. En ningún caso se produjeron bajas entre los efectivos policiales ni militares.
La CIDH consideró que se avanzó totalmente, primero, con la conformación de grupos de trabajo especializados a nivel departamental para que investiguen, de manera coordinada a nivel nacional, los hechos ocurridos durante la crisis de 2019. En especial, que estos grupos estén integrados primordialmente por fiscales de carrera con dedicación y competencia exclusiva, que tengan los recursos logísticos y científicos y autonomía e independencia de gestión.
El otro aspecto cumplido, según la evaluación, fue la revisión escrupulosa de todos los casos en curso o cerrados. Se pudo determinar cuáles casos con denuncias rechazadas, que fueron archivadas o sobreseídas deben ser reactivados, cuáles actos deben ser anulados o corregidos por haber implicado vulneraciones a los derechos de las personas imputadas y procesadas.
Otras tres “cuentan con cumplimiento parcial sustancial”, y se refieren al fortalecimiento de la independencia del Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) y otros temas logísticos.
El punto 263 señala que la comisión nota con preocupación el contexto de persecución y amedrentamiento en contra de algunas víctimas en el marco de los procesos penales seguidos, y falta de adopción de medidas para restituir la honra y dignidad de las víctimas expuestas como responsables de actos delictivos sin garantizar la presunción de inocencia.
