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Hasta el 23 de noviembre, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegará a Bolivia con el objetivo de investigar las muertes de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz); mientras que, en Cochabamba, la Defensoría del Pueblo acusó a la Policía y a las Fuerzas Armadas de obstaculizar las investigaciones de este caso.


“El presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos llega el día lunes 23 de noviembre junto a un grupo de 5 expertos del más alto nivel internacional a investigar todo lo que ha ocurrido en nuestro país el año de 2019 sobre estos luctuosos hechos”, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima.


El ministro dijo que las víctimas de esas dos localidades reclamaron por la falta de justicia y que ellos constataron que no hubo celeridad en las investigaciones, informó que el Servicio Plurinacional de Atención de las Víctimas contribuirá con las víctimas de Sacaba y Senkata, la nueva directora de esa entidad, Pamela Delgadillo tiene como mandato principal proteger los derechos de todas las víctimas de los hechos de 2019.


El gobierno cree que la investigación debe devolver la confianza en la justicia que está maltratada en este tiempo y consideró que los expertos que lleguen tendrán todas las facilidades desde las instituciones como la Policía y las FFAA que son las principales señaladas por las familias de los fallecidos de entonces.


El Gobierno de Jeanine Áñez aseguró desde ese entonces que los muertos no fueron producto de la intervención policial y militar. Según sus informes los disparos contra estas personas fueron por la espalda y además las heridas no coinciden con el calibre de las balas que utilizan las fuerzas del orden.


La Defensoría


Desde la localidad cochabambina de Sacaba, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, dijo que el caso se mantiene en etapa preliminar porque la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas ponen obstáculos para brindar información sobre los operativos, pese a que la investigación se amplió contra altos jefes militares.


“Ha sido un año de impunidad, un año en que el Gobierno Transitorio después de dar las órdenes para que las Fuerzas Armadas y la Policía intervengan y masacren a los compañeros, para que los vayan a cazar como en su momento lo dijo el ex Comandante Departamental de la Policía, se han encargado de socapar y de ocultar información, de declararla como reservada para no aportar a la justicia y ocultar a quienes dispararon ese día en Huayllani”, manifestó Cruz.


La Defensoría del Pueblo en reiteradas oportunidades solicitó a la Policía Boliviana y a las FFAA   los planes de operaciones y el listado de los efectivos policiales y militares que intervinieron de manera conjunta, sin embargo, esa información fue declarada en reserva y confidencial, bajo el argumento de que la seguridad del Estado peligraba si daban a conocerla.