CIDH publica acuerdo de solución amistosa del caso Porco por delitos de tortura
El caso tiene origen en 1994 y, 29 años más tarde, el Estado reconoció su responsabilidad
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió hacer público el acuerdo de solución amistosa entre el Estado boliviano y Marcela Alejandra Porco, quien denunció: violaciones a la integridad física y mental, el sometimiento a violencia sexual, torturas, tratos inhumanos y degradantes, cometidos mientras estuvo en detención preventiva entre 1994 y 1995.
“La CIDH aprobó los términos del acuerdo suscrito y valoró el cumplimiento total del acuerdo de solución amistosa, ya que pudo corroborar que el Estado realizó un acto simbólico, en el cual entregó de una misiva de disculpas dirigida a la familia de la víctima; presentó un Proyecto de Ley ante la Cámara de Diputados, para modificar el artículo 295 del Código Penal, e impulsó su debate; y, finalmente, efectuó el pago de la compensación económica de conformidad con lo acordado”, señala la nota de prensa publicada en el portal de la CIDH.
La ciudadana argentina Marcela Alejandra Porco fue detenida el 2 de junio de 1994 en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, bajo el cargo de transporte de cocaína. En su declaración, la detenida hizo conocer que padecía una seria enfermedad mental que requería tratamiento regular, pero fue recluida en el penal de Palmasola.
El 30 de diciembre de 1994, Gaspar Porco, padre de Marcela Porco, con el acompañamiento de sus representantes, solicitó a la CIDH medidas cautelares, que fueron adoptadas el 6 de enero de 1995.
“El 1 de mayo de 2009, las partes iniciaron el proceso de solución amistosa, que se materializó con la firma de un Acuerdo de Solución Amistosa el 30 de mayo de 2022. En ese documento, el Estado reconoció su responsabilidad internacional, por la violación de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, señala otra parte del reporte de la CIDH.
En mayo de este año EL DEBER reportó de 23 casos que están con informe de admisión ante la CIDH, al margen del caso Porco. En este momento el Gobierno intenta conseguir una solución amistosa con los denunciantes del llamado caso terrorismo.
El procurador César Siles informó que el Estado boliviano tiene “un plazo final” hasta enero de 2024 para conciliar con los deudos de las víctimas de “ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones de los derechos humanos” que tuvieron lugar en abril de 2009, en el hotel Las Américas de Santa Cruz.
