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A cinco días de la aprehensión, detención y encarcelamiento de ex autoridades de Gobierno y ex jefes militares y luego de una movilización en las principales capitales de departamento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado boliviano garantizar la imparcialidad e independencia judicial y que tome medidas de inmediato.


“La CIDH expresa su preocupación ante las reiteradas denuncias sobre la falta de independencia en la administración de justicia en el país, así como la prevalencia de desafíos estructurales en el sistema judicial (…) reitera su llamado al Estado de Bolivia a tomar las medidas necesarias para garantizar la independencia e imparcialidad del sistema de justicia en el país, mediante una reforma estructural fundada en el principio de acceso a la justicia de las víctimas y a una reparación oportuna y adecuada”, señala parte del comunicado.


Desde el jueves 11 de marzo, dos ex jefes militares, la expresidenta, Jeanine Áñez y dos de sus exministros fueron aprehendidos cautelados y encarcelados, acusados de terrorismo, sedición y conspiración, lo que provocó una reacción de distintos sectores que marcharon ayer y denunciaron una abierta persecución política desde esferas del MAS y del Gobierno.


El organismo multilateral recordó que existe un monitoreo de la situación de derechos humanos en Bolivia. Ese seguimiento permitió advertir la recurrencia de denuncias de actos y patrones de persecución judicial de opositores políticos, en distintas administraciones del Gobierno del Estado, mediante la utilización, precisamente, de los tipos penales de sedición y terrorismo.


Durante el Gobierno de Jeanine Áñez, el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, instauró al menos media docena de procesos contra la dirigencia del MAS a quienes acusaba de terrorismo y sedición. Curiosamente las mismas figuras que utilizaron los fiscales contra los detenidos de hoy.


“Ciertas leyes nacionales de antiterrorismo violan el principio de legalidad porque, entre otros, incluyen una definición exhaustiva del terrorismo que, inevitablemente, resulta excesivamente amplia e imprecisa. En esa línea, ha hecho un llamado a los Estados de la región a observar el principio de legalidad en la formulación de los tipos penales y urgido a que los procesos penales por el delito de terrorismo cumplan con los requisitos fundamentales de que nadie debe ser condenado por un delito excepto sobre la base de la responsabilidad penal individual y con el corolario de este principio que prohíbe la responsabilidad penal colectiva”, señala otra parte del pronunciamiento.


La entidad también recuerda que el Gobierno boliviano afirmó que estas figuras penales están en consulta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). En junio de 2020, luego que Evo Morales fuera acusado de terrorismo, la bancada del MAS presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta en contra de los artículos 123 y 133 del Código Penal boliviano relacionados con los delitos de sedición y terrorismo, hasta el momento en el ente constitucional no se pronunció. Pero la Fiscalía utilizó las mismas figuras para acusar a las ex autoridades de Gobierno.


La CIDH pidió al Estado a que los acusados cuenten con garantías legales mínimas para ejercer sus medios de defensa, tales como el derecho a la presunción de inocencia; a contar con una defensa; a presentar recursos efectivos; a conocer la imputación o acusación; a conocer las pruebas y tener la posibilidad de contradecir estas últimas.

Mientras el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió también un pronunciamiento en el que garantizan una justicia imparcial e independiente; aseguran que los acusados pueden acudir a los jueces para que estos velen por sus derechos y rechaza la injerencia, “sobre todo que deriven de intromisiones internas y externas que afecten la independencia judicial y la soberanía del Estado”, señala el documento.

Diálogo


Ante este panorama la CIDH exhortó al Gobierno boliviano a instalar una mesa de diálogo destinada a desactivar los problemas que están surgiendo en el país. “Tomando en cuenta los antecedentes de violencia motivada por sucesos políticos e institucionales, la Comisión reitera su llamado a que se conduzca, desde el más alto nivel del Estado, un proceso nacional de diálogo y reconciliación con el objetivo de desactivar las tensiones y hostilidades latentes en la sociedad boliviana”, señala la parte final del documento que fue publicado en la cuenta institucional, @CIDH de Twitter.


Recuerda también que por los sucesos del pasado año, esta entidad conformó el Grupo de Expertos y Expertas Independientes, mecanismo encargado de apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos sucedidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.


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