CIDH y RELE: Bolivia debe respetar los derechos humanos en las protestas sociales
Hasta el momento, el Gobierno reporta 4 personas fallecidas a consecuencia de los bloqueos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), en un comunicado de prensa emitido este viernes, 2 de febrero, instan al Estado boliviano a respetar los derechos humanos en el contexto de las protestas que se llevan a cabo en el país desde el 22 de enero.
Las manifestaciones se originaron por la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de prorrogar sus mandatos y de otras autoridades judiciales, lo que generó un clima de descontento social debido a la omisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de convocar a elecciones judiciales en 2023.
Las protestas se han desarrollado en diferentes ciudades del país, con el cierre de carreteras como principal medida de presión. La Policía Nacional ha dispersado algunos bloqueos con el uso de gases lacrimógenos, lo que ha resultado en enfrentamientos y personas heridas. El Gobierno reporta 4 personas fallecidas como consecuencia de los bloqueos.
La CIDH y la RELE recuerdan al Estado que la protesta social es un derecho fundamental y que las limitaciones a este derecho deben ser excepcionales y cumplir con los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
"En ese sentido, el Estado debe adoptar medidas para proteger a quienes ejercen su derecho a la protesta y garantizar los derechos a la vida, integridad, salud y las condiciones para el abastecimiento de toda la población", señala el comunicado.
Asimismo, instan a las autoridades a abstenerse de emitir declaraciones que estigmaticen la protesta o a quienes participan de ella, y a generar un proceso de diálogo amplio, constructivo y diverso para prevenir la violencia y generar espacios de consenso.
Por último, la CIDH reitera su llamado al Estado, en particular a la ALP, para que convoque y garantice las elecciones judiciales de manera urgente, con procesos de nombramientos y selección de magistraturas que sean transparentes, incluyentes y basados en el mérito.
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