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No es una jornada en la que se respira normalidad en los departamentos de Potosí, Cochabamba, La Paz, Tarija y Santa Cruz, puesto que desde tempranas horas de este jueves, 21 de octubre, se empezaron a sentir las medidas de presión anunciadas contra la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.

El conflicto se ha convertido en una piedra en el zapato del Gobierno, que no ha podido frenar a los movilizados pese a los intentos de persuasión de diferentes autoridades y sectores afines al masismo, que después de haber esperado 72 horas dieron paso a marchas y protestas que están encabezadas, principalmente, por gremiales y transportistas.

Y las movilizaciones se extenderán durante las próximas 48 horas. Desde las primeras horas de este jueves, se evidenció el cierre de casetas en al menos tres mercados y se dieron concentraciones en diferentes espacios acompañadas de bloqueos esporádicos.

El dirigente nacional de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César González, sostuvo que hay varias concentraciones a las que se plegarán transportistas y otros sectores.

"Esta marcha será para defender nuestra historia, nuestra libertad y nuestros hogares", manifestó el dirigente a tiempo de convocar a su sector a las 08:30 en puntos estratégicos de la capital cochabambina.

Mientras tanto, en Potosí, se anunció un paro total al que se suma el Comité Cívico Potosinista (Comcipo). La situación se 'suaviza' en Tarija, donde no habrá paro, pero sí marchas y movilizaciones.

Mientras que en el departamento cruceño también se esperan diferentes concentraciones que culminarán en la Plaza 24 de Septiembre, en el centro de la ciudad, según informó a EL DEBER el dirigente Édgar Álvarez.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, también salió a exponer que apoyarán toda movilización que defienda la democracia y consideró que es importante que cada sector se manifieste de manera independiente, tomando en cuenta que el Gobierno busca desligitimar y politizar las acciones.

En Santa Cruz la marcha será multisectorial y acabará con una cumbre para definir el rumbo a seguir de las protestas.

Otro sector cruceño que confirmó la movilización es la Asociación de Transporte Pesado Internacional de Santa Cruz. Tras la marcha, se realizará un cabildo con todos los sectores que rechazan la “ley madre”, según informó su representante, Marcelo Cruz.

En La Paz, el dirigente gremial Toño Siñani, confirmó a Página Siete que este jueves se cumplirá la determinación asumida por su sector a nivel nacional. “Los gremiales de El Alto estaremos bajando a la ciudad de La Paz,  pero la Feria de la 16 de Julio va a seguir normalmente, porque nosotros vivimos de la feria los jueves y domingos”, indicó.

La Federación de Maestros Urbanos de La Paz  se sumará a la protesta,  informó  el dirigente Leandro Mamani. “Debemos enarbolar nuestras banderas de la independencia política y sindical. No podemos permitir que la vieja derecha pretenda cabalgar sobre nuestras demandas y tampoco a los masistas que pretenden aplicar esa ley que va en contra de los trabajadores”, aseguró.

Vanos han sido los intentos de las autoridades nacionales para minimizar o dar otro tinte a las movilizaciones. Por ejemplo, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, aseveró que los anuncios de paro contra la Ley 1386 solo pretenden generar movilizaciones y convulsiones.

“Lo que aquí ha ganado es la desinformación y parece que es intencionada para generar problemas (…) buscan impunidad”, dijo Cox en entrevista con radio Éxito.Mientras tanto, el aparato de comunicación estatal intenta minimizar y suavizar la postura firme de diferentes sectores cuentapropistas ante la no abrogación de la Ley 1386. El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, advirtió que las movilizaciones de los transportistas representarían una pérdida de Bs 7 millones.

La autoridad sostuvo que ya se ha reunido con sectores ligados al transporte federado, cooperativista y los que van por libres, con quienes se habría acordado que la economía se reconstruye de otra manera.

Montaño dijo que este jueves se reunirá con los dirigentes de los transportistas para saber "cuáles son los miedos" a esta ley y que se someterá a un debate (sin embargo, la ley ya está promulgada, por lo que el pedido específico es la abrogación de la misma).

El Gobierno afirma que las movilizaciones convocadas en diferentes regiones del país "se derrumban", recogiendo declaraciones de algunos dirigentes para manifestar que no habrá paro o movilizaciones. No obstante, EL DEBER constató que la emergencia se mantiene.

Mientras que el propio ministro Montaño se encargó de darle otro tinte a las movilizaciones, señalando que hay políticos con intereses ocultos generando miedo en varios sectores de la población, al cuestionar la Ley 1386.

Sin embargo, los sectores rechazan que el Gobierno quiera politizar las movilizaciones y sostienen que la demanda de abrogación de la ley emerge desde el pueblo y no así desde las esferas políticas como apuntan desde el oficialismo.

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