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Un grupo de dirigentes cívicos del país se asentaron frente de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca en espera de que se produzca la aprehensión del Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, al que acusan de cuatro delitos. Mientras Lanchipa acude a instancias internacionales en busca de respaldo a su gestión, ha logrado el pronunciamiento de los fiscales de la región.


“Después de presentar cuatro denuncias esta mañana, a las 08:00, estamos haciendo vigilia porque corresponde a la Fiscalía Departamental, tomar acciones en 24 horas para detener a Juan Lanchipa. No se lo está demandando por un delito común, sino por uno de lesa humanidad al no haber tomado acciones en los bloqueos para que pasen ambulancias y oxígeno”, dijo el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.


El dirigente dijo que en esta jornada fueron los propios ciudadanos los que hicieron llegar más denuncias en contra del fiscal, a tiempo de asegurar que los documentos señalan que, durante los conflictos, Lanchipa prohibió a los fiscales regionales detener a los dirigentes y que existen pruebas de esas prohibiciones.


Explicó que algunos delitos por los que se acusa a Lanchipa son: enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, consorcio de jueces, fiscales y abogados, entre otros.


En el exterior


Lanchipa buscó apoyo fuera del país para sustentar su trabajo, de ese modo la Jefa de la Unidad de Asuntos Internacionales de este despacho, Grisel Arancibia, informó que la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), se pronunció a su favor y emitió una “Declaración de Apoyo”, que expresa el repudio contra todo acto contrario a la independencia y autonomía del Ministerio Público, según señala un boletín de la institución.


Los abogados de la fiscalía también recordaron que existen instancias de juzgamiento para las autoridades, y en este caso, se debe tramitar aplicando la Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público, que se ha promulgado el 8 de octubre de 2010. Esta Ley también señala que el Fiscal debe ser acusado ante la Cámara de Diputados y no ante una fiscalía departamental.