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Los dirigentes cívicos que este lunes se reunieron con los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no los lograron convencer  para que difieran la fecha de elecciones generales previstas para el 18 de octubre. Han anunciado que analizarán la posibilidad de procesar a los vocales del TSE por permitir un proceso eleccionario en plena pandemia en el país.


“No se ha llegado a acuerdos porque ellos tienen una meta que es hacer elecciones el 18 de octubre; nosotros vamos a tomar recaudos, es posible que iniciemos una demanda contra el TSE indicando que está obligando al pueblo a tener elecciones”, dijo el presidente del Comité Cívico pro La Paz, Antonio Alarcón.


En una corta conferencia de prensa, el presidente TSE, Salvador Romero, aseguró que la fecha es inamovible y que, por tanto, se comunicó a los dirigentes de los comités cívicos que hubo un acuerdo respaldado por la comunidad internacional y la Iglesia católica.


“El Tribunal Supremo Electoral determinó el 18 de octubre como fecha de elección, a partir de un conjunto de informes oficiales, pero también de proyecciones de centros académicos sobre la evolución de la pandemia”, puntualizó el presidente del TSE, Salvador Romero.


Los cívicos pidieron una reunión con los vocales para solicitarles que no haya una obligatoriedad de la fecha de elecciones; revisar la depuración del Padrón Electoral y la publicación de la nómina de funcionarios que participaron de la anterior administración y que no fueron despedidos. El primer punto no prosperó.


Romero dijo que el Tribunal seguirá trabajando conforme se estableció en el nuevo calendario electoral y que el 18 de octubre es el último plazo para que las máximas autoridades nacionales sean electas en esta gestión y no seguir recorriendo las fechas de los comicios.