Cívicos van por la reforma judicial y el MAS ya debate el reglamento de las elecciones

El Comité pro Santa Cruz se sumó a la campaña de recolección de firmas que lleva adelante el grupo de juristas independientes con miras a la realización de un referéndum que permita modificar hasta 15 artículos de la Constitución Política del Estado y, por esa vía, reformar la justicia. En paralelo, el MAS comenzó el tratamiento del reglamento para la selección de candidatos a magistrados con miras a las elecciones de octubre de este año.

El presidente de los cívicos, Fernando Larach, solicitó a la población que se aproxime a firmar los libros que están a disposición de la ciudadanía desde el 23 de enero, cuando comenzó la recolección de adhesiones. Se requieren 1,5 millones de firmas y la fecha límite vence el 23 de abril.

“Todos los días vemos gente llorando por las arbitrariedades que sufre en el Órgano Judicial. Por este motivo, un grupo de abogados decidió impulsar la recolección de firmas para exigir al Gobierno un referéndum que cambie la justicia. Es hora de elegir jueces probos y honestos, tu participación es de suma importancia”, señaló el dirigente cívico al momento de emitir el mensaje de la campaña.

La propuesta de los juristas independientes tiene que ver con realizar un referéndum con cuatro preguntas que plantean el ajuste del mecanismo de selección de candidatos para la elección de 23 magistrados y tres consejeros. 

Si la propuesta gana el respaldo ciudadano, los legisladores no tendrán “la potestad privativa” de avalar la lista de candidatos a las altas cortes del país. Además, los juristas independientes demandan recursos que supere el 1% del Presupuesto General, la aplicación de un sistema de conciliación y la revalidación de la justicia originaria campesina.

Tras el plazo del 23 de abril, el Tribunal Supremo Electoral revisará la autenticidad de cada una de las firmas y la remitirá al Tribunal Constitucional que debe validar las preguntas. Los juristas independientes calculan que este proceso puede cumplirse hasta el mes de agosto, pero el Gobierno y varios sectores de la oposición creen que los tiempos no darán.

La senadora Silvia Salame (CC) cree que el TCP “puede demorar hasta tres meses en el análisis” y por eso considera “casi imposible que se llegue con la reforma hasta antes de las elecciones judiciales.

Ante este escenario, el expresidente Carlos Mesa presentó el lunes un proyecto de ley que plantea “la descentralización” de la selección de candidatos a los altos tribunales del Órgano Judicial. De este modo, dijo, los criterios para seleccionar candidatos no serán políticos, sino meritocráticos.

El diputado Fernando Urquidi (CC) dijo que, si bien la Constitución establece que la selección de candidatos es exclusiva de legisladores, “se pueden delegar tareas previas para que el proceso no genere desconfianza ciudadana”.

El martes, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, presentó una propuesta similar y consideró que de este modo se puede evitar que el MAS imponga a sus adeptos en la Justicia. Señaló que, en muchos casos, los magistrados, elegidos en 2011 y 2017, llegaron allí luego de ejercer como asesores de autoridades de MAS.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), afirmó ayer que el Legislativo comenzó a tratar en la Comisión Mixta de Constitución el reglamento de la postulación y la selección de candidatos. Precisó que el documento ingresó a través de la Vicepresidencia del Estado. 

Rodríguez espera que se logren los consensos necesarios para aprobar el reglamento y la lista de los candidatos para los comicios de octubre. Para esta convalidación se requieren dos tercios.

Respecto a este escenario político, Larach espera reunirse con los representantes cívicos del país para “evaluar la actual coyuntura” y confirmó que se debe analizar un pedido para reconsiderar el trámite de revocatorio contra el presidente Luis Arce.