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El 3 de febrero se iniciaron las labores escolares en todo el país; el 12 de marzo se dispuso la suspensión de las clases presenciales ante la pandemia del Covid-19 y 143 días después, el Gobierno nacional anunció la clausura del año escolar. Ante la incertidumbre generada, el Ministerio de Educación insta a que exista “coordinación”, mientras suman las críticas por el perjuicio para gran parte del alumnado.

Algunos colegios privados anuncian que darán continuidad a sus labores y dirigentes de los maestros sugieren adelantar el inicio de las clases en 2021, mientras se aguarda conocer a cabalidad la disposición, para evaluar sus alcances.

Limbert Ayarde, viceministro de Educación regular, planteó este lunes que existan reuniones entre los padres de familia y los colegios privados para evaluar la “oferta educativa”, pero bajo el denominativo de aprendizaje “complementario”.

El viceministro Israel Alanoca opinó que, si un padre de familia no está de acuerdo con la medida del Gobierno, no quiere que su hijo pase automáticamente de curso y considera que su hijo debe repetir el curso, entonces en la gestión 2021 lo inscribirá al mismo curso. Para Alanoca, la población debe entender que Bolivia y el mundo está viviendo un hecho especial.

Álvaro Puente, pedagogo, califica el cierre de las clases como una “derrota” del sistema educativo que generará severas consecuencias, pues los alumnos no harán nada en seis meses. 

“Se estudiaba poco, pero no podemos volver a la nada, al cero absoluto. Es una negación de todo lo poco que teníamos. Nunca es solución rendirse, el escapar”, sostuvo Puente en contacto telefónico con EL DEBER.

El dirigente del magisterio paceño, José Luis Álvarez, plateó que las labores correspondientes al siguiente año comiencen en enero, un mes antes de lo habitual, para abordar conocimientos que debieron ser impartidos esta gestión.

Los datos oficiales indican que en Bolivia existen 3.147.905 de estudiantes, un 70 por ciento en el área urbana y un 30 por ciento en el ámbito rural, el más golpeado por la clausura del año escolar. Además, un 88 por ciento del alumnado está en el sistema público y 12 por ciento en el sector privado.

Otro conflicto surge por el tema económico. La disposición del Gobierno garantiza el pago de salarios para los docentes y administrativos del sector público, pero aún no se conoce qué sucederá con los trabajadores del área particular. 

La dirigencia de los padres de familia adelanta que no pagará ni un centavo más correspondiente a las mensualidades, mientras que algunos colegios completarán un periodo más de clases, dos semanas a un mes, para después suspender sus sesiones virtuales.



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El propio ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, aislado porque dio positivo a Covid-19, manifestó que la clausura del año escolar no implica que el aprendizaje se suspenda, dando a entender que la medida se tomó para precautelar la salud de los estudiantes, pero también porque diferentes organizaciones de maestros rechazaron la educación vía internet, cuya reglamentación surgió casi tres meses después de suspendidas las clases presenciales.

Micaela Princiotto, especialista del área de educación, advirtió que la decisión generará una brecha más amplia entre el ámbito público y privado, pero también respecto al área urbana y rural. “El tema salud es imprescindible, importantísimo, pero la decisión de clausurar el año escolar afecta mucho a la sociedad”, reprochó.

En redes sociales expertos piden al Gobierno que reconsidere la medida, pues no se puede dejar a miles de niños sin educación.