Clínicas privadas condicionan aplicación de ley que regula atención del Covid-19

Al menos tres condiciones exigen las clínicas privadas para que la “Ley Excepcional de Regulación de Precios a Clínicas y Centros de Atención para casos de Covid-19” aprobada el miércoles, se aplique en el país. Piden el equipamiento de insumos, un control de precios de medicamentos en el mercado y el pago anticipado a los médicos.

Y es que si bien el sector no se opone a tal regulación de precios -anteponiendo las tres demandas mencionadas-, un sinnúmero de observaciones se ha desatado contra la ley que fue aprobada en la Asamblea. Empezando porque la normativa se aprobó a destiempo, pasando por la deuda en mora del Estado a la asistencia privada que se arrastra desde septiembre del año pasado, hasta un protocolo de atención pública contra el covid-19 del que el sector privado no confía.

“El Estado va a tener que dotarnos de insumos como tanques de oxígeno, equipos de bioseguridad, porque han incrementado de precio. Lo que pagábamos Bs 80, ahora nos cobran Bs 300. En promedio, cada paciente gasta Bs 3.000 diarios por el oxígeno. Por otro lado, los fármacos que administramos a los pacientes se han encarecido. Una aspirina que costaba Bs 0,30, ahora está en Bs 5. Eso va a encarecer el costo”, declaró a EL DEBER, Rafael Quinteros, gerente general de la clínica San Rafael en Santa Cruz.

La tercera demanda es subvencionar el pago de los médicos que en su gran mayoría, cobran por evento (por paciente). “Los médicos no van a esperar hasta por tres meses para cobrar sus salarios”, señaló Quinteros.

Lo que lamenta el sector es que de no aceptar esos términos de parte del Estado, muchas clínicas podrían cerrar sus servicios porque creen que no van a poder subvencionar todos los gastos que van a ser excesivos, o van a tener iliquidez, porque el Estado no va a pagar en efectivo, salvo que puedan hacer pagos adelantados de ciertos montos para viabilizar las atenciones.

Se conoció que estos centros privados están cobrando entre $us 2.000 hasta Bs 100.000 ($us 14.000) por paciente recuperado y cada vez la atención se encarece más como consecuencia del aumento de los precios de los fármacos e insumos.

Deudas

“La ley es buena en el sentido de que la población pueda tener el apoyo de las clínicas privadas. Pero el Estado no es el mejor pagador. Nos adeudan de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019. Hemos peregrinado para que nos paguen los servicios por el Sistema Universal de Salud (SUS) y no nos han pagado”, sostuvo Quinteros.

Adelantaron que las clínicas van a reaccionar ante esta situación ya que nadie les da créditos, ni insumos, ni medicamentos, además que están escaseando los fármacos.

“Si no se tienen las herramientas, es difícil que una institución pueda sostenerse por cuenta propia. En vez de hacer bien, van a hacer un daño a la población”, acotó.

El proyecto de ley

El miércoles la cámara de Diputados aprobó el proyecto con modificaciones de la cámara de Senadores. Plantea que las clínicas privadas deben estar obligadas a atender los casos de coronavirus si es que los centros públicos llegaran a colapsar.

Las clínicas privadas podrán recibir el reembolso del pago de servicios cuando los pacientes sean transferidos desde un hospital público, señala la norma.

En ese sentido, el diputado Víctor Borda explicó a EL DEBER que la clínica privada está coercitivamente obligada a atender al paciente derivado del sistema público y el que corra con estos gastos “será el Estado, con los recursos de las donaciones y créditos que está obteniendo para combatir el Covid-19 y otras partidas presupuestarias establecidas en la ley”.

De la misma manera, se ha determinado que se va a subrogar los gastos en diagnóstico, atención, tratamiento, intervención quirúrgica y terapia intensiva.

Modificaciones

Borda planteó una modificación al proyecto de ley que venía de Senadores para que el Ministerio de Salud, una vez promulgada la ley, pueda regular los precios de las clínicas privadas para la atención del Covid-19, en tres días.

“Las clínicas en estos momentos no pueden lucrar con la desesperación y la salud de la gente humilde. Mucha gente que no tiene recursos económicos para hacerse tratar, podrán hacerlo ahora. La salud es un derecho universal y no puede estar supeditado a intereses económicos”, señaló el asambleísta.

El senador Omar Aguilar, proyectista de la normativa, indicó por su parte que las modificaciones de la Cámara de Diputados ya fueron consensuadas por lo que se espera que la ley sea aprobada la próxima semana.

Ente tanto, la ministra de Salud, Eidy Roca, manifestó escuetamente a este medio que, personal de su despacho ya está trabajando en esos términos y habrá algún resultado hasta el viernes.

Ley a destiempo

El gerente general de la Clínica Alemana en La Paz, Luis Kushner, manifestó por su parte que esta normativa debió salir hace mucho tiempo, no ante la desesperación y una evidencia de mala gestión pública en salud.

“La medicina privada en ningún momento va a ser la solución al problema de la pandemia. Las clínicas privadas que estamos atendiendo Covid-19 lo estamos haciendo hace más de cuatro meses, autorizados por los Servicios Departamentales de Salud (sedes)”, dijo.

Pero indicó que el fondo del problema es que, pese a haber intentado coordinar con los actores estatales, la respuesta ha sido tardía. “Y ahora pretenden que la medicina privada sea la que resuelva los problemas que pudimos haber gestionado juntos con soluciones creativas y acordes al momento que se presentó”, lamentó Kushner.

A raíz de aquello, se espera en breve, tener una reunión con el Gobierno para establecer un diálogo que les permita exponer las limitaciones que enfrentan, hablar de costos operativos, y verificar la capacidad de oferta de servicio.

Para las clínicas privadas el costo operativo para que las terapias funcionen es alto. Contrario a lo que sucede en la medicina pública, la mayoría de las clínicas no cuentan con todo el equipo de médicos a sueldo.

Son servicios privados por evento (por paciente). Eso encarece el costo. “Tendríamos que analizar si el reembolso del Estado justifica la inversión y el suministro de medicamentos, exámenes complementarios, ropa de bioseguridad, interconsultas con otras especialidades, entre otras cosas más de suma importancia para tratar un paciente con tanta complejidad como el Covid-19”, estimó.

Protocolo deficiente

La observación más fuerte que hacen las clínicas privadas es que el protocolo de tratamiento gratuito público “es un desastre” y que “con ese protocolo se va a morir, mucho más gente”.

El sector reconoce que han aplicado un nuevo protocolo, utilizando nuevos fármacos diferentes a los que propone el sector público, cuyos resultados han sido favorables.

“Si nos prohíben nuestro protocolo nos estarán obligando a hacer algo en contra. Si un protocolo que hemos diseñado como clínica nos está funcionando, con esta ley no nos van a pagar los fármacos que usamos. Nos estarían obligando a dar otros fármacos a los pacientes y estaríamos sentenciándoles la vida. No creo que eso tampoco sea justo”, declaró Rafael Quinteros.

En las próximas horas, la Asociación de Clínicas Privadas de Bolivia se pronunciará al respecto mostrando su posición sobre la ley.