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23 puntadas en la cabeza, es lo que tiene don Efraín Mamani, un cocalero que fue herido por un balín disparado por los policías; don Pedro Mullisaca cayó a un barranco de donde fue rescatado por los mismos yungueños; otros cuatro muchachos fueron heridos en las piernas y curiosamente recibieron atención médica en una farmacia porque la Policía controla los hospitales que hay en la zona.


Por otro lado, la asesora legal de Adepcoca, Evelyn Cossio, informó que hay una lista preliminar de 15 productores de coca que llegaron hasta las oficinas de la FELCC de La Paz, quienes están declarando en este momento, pero no existe ninguna imputación de la Fiscalía.


De ese modo, concluyó el octavo día de movilización cocalera que intenta recuperar su mercado de coca que fue tomado por la Policía y entregado a Arnold Alanes, quien se proclamó presidente de la organización en una cuestionada elección.


Hasta el momento, en los ocho días de gasificación de la Policía ya se produjeron al menos 60 aprehensiones de campesinos cocaleros, casi todos quedaron en libertad, excepto Daynor Choque, un joven estudiante que fue detenido y enviado a prisión por dos meses. Este lunes, el joven dirigente fue trasladado al penal de San Pedro en La Paz, mientras sus compañeros volvían a ser gasificados en villa Fátima.


En cuanto a los heridos, los seis de este lunes se suman a un número no determinado de campesinos que llegaron en escaso número a los centros de salud. Bomberos voluntarios, acudieron el miércoles para atender a los heridos, los propios cocaleros practicaron curaciones caseras y dos farmacias fueron improvisados como centros de salud.


Marcelo Cáceres, uno de los representantes del denominado “comité de autodefensa” que organiza la gigantesca movilización cocalera informó que los heridos tienen temor de ir a un hospital porque la Policía los busca en esos centros para aprehenderlos, de ese modo acudieron a la solidaridad de otros rubros.


El sábado se realizó la audiencia cautelar de tres cocaleros detenidos acusados de la quema de cinco vehículos policiales. Según la asesora legal, el Juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal determinó su libertad con restricciones como la presentación de garantes y firmar el libro fiscal cada 30 días.


  

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