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Un colectivo de exdirigentes sindicales, muchos de ellos disidentes del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), demandaron una reforma constitucional con el propósito de cambiar la “podrida” justicia del país.

“Un verdadero cambio de justicia para que sea independiente, pasa por una reforma a la Constitución Política del Estado (CPE), porque está claro que la elección de magistrados por voto directo no ha solucionado los problemas”, señala el comunicado de este colectivo.

Los exdirigentes argumentaron que, si la selección de magistrados continúa siendo bajo criterios políticos, en función de la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS), no se logrará la independencia judicial.

“Las víctimas jamás encontrarán justicia en un país donde el opresor fabrica sus propias leyes. La justicia está podrida, se necesita plata e influencia política para obtenerla. Sólo contados jueces y fiscales cumplen su trabajo con apego a la ley” señala el comunicado.

El documento fue firmado por Guido Mitma, exsecretario ejecutivo de la COB; Roberto de La Cruz y Sixto Tallacahua, exdirigentes de la COR de El Alto, además de Aldofo Chávez, un reconocido líder de la nación Tacana que estuvo al frente de la Cidob.

La lista de los exdirigentes que firmaron el documento se cierra con el líder campesino Félix Santos, de la CSUTCB; Cansio Rojas, del Conamaq; Ángel Villca, Carlos Rojas y Eddy Condori, de las organizaciones vecinales, Fejuve y Alcira Ramírez, FSTPB.

La reflexión de este colectivo también cuenta con la firma de académicos de varios sectores como Heriberto Castañeta, Víctor Hugo Chávez (hermano del Procurador), Carlos Palenque, Romualdo Huanca, Maritza Lizárraga, Claudio Loza, Jhesmin Huanca y Susana Condori.

En ese marco, este colectivo consideró que la propuesta de reforma judicial que desarrolla el ministro de Justicia Iván Lima fue pensada para “justificar la opresión y abuso de poder cometidos por el partido gobernante”.

“El país necesita autoridades judiciales con una gran trayectoria profesional, que sean elegidos a través de la meritocracia en consulta a universidades y colegios de abogados para que no sean serviles a los partidos políticos como hoy”,  señala el documento.

El pronunciamiento se divulgó en momentos en los que el Ministerio de Justicia tiene previsto socializar su propuesta en El Alto y La Paz.

El plan del Gobierno, aunque no se cerró por completo a la reforma constitucional, perfila el llenado de acefalías en los juzgados y la creación de más tribunales, especialmente en el ámbito rural.  

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