Colegios particulares determinan “nivelación de pensiones” según incremento salarial y con carácter retroactivo
Un ampliado nacional consideró la postura del Ministerio de Educación de no permitir ningún alza en esta gestión. Se habilitaron líneas de WhatsApp para recibir denuncias
La Asociación Nacional de Colegios Particulares de Bolivia (Andecop), en un ampliado nacional, determinó que exista una “nivelación de pensiones” según el incremento salarial que dispondrá el Gobierno en mayo y con carácter retroactivo.
Mediante un comunicado, Andecop expresa su rechazo a la postura del ministro de Educación, Edgar Pary, quien desautorizó cualquier alza para esta gestión, argumentando que atentaría contra la economía nacional.
“En vez de buscar la conciliación con los verdaderos actores de la educación en Bolivia, se ha dado a la tarea de amenazar tratando de imponer criterios fuera de toda normativa, haciendo calificativos no adecuados a una autoridad de cartera de Estado”, señala el pronunciamiento.
Advierte que se usurpan competencias, porque se “pretende dar facultades al Ministerio de Educación para regular contratos entre particulares”, enfatizando que, según el artículo 122 de la Constitución, “son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.
Explican que la mora existente por la falta de pago y cumplimiento de los contratos de servicios educativos, que en algunos casos llega a tres gestiones anteriores, “causan daños irreparables a los presupuestos, amparados en disposiciones ilegales de una inexistente inscripción automática, que no se admitirá en la gestión 2023”.
Recalca que se aprobó de forma unánime “diferir la nivelación de las pensiones por el servicio educativo hasta el mes de mayo de 2023, acorde con el incremento salarial que pueda establecer el poder Ejecutivo para la presente gestión, y de la misma forma se establece que esta nivelación será retroactiva y análoga a la disposición que se emita”.
Concluye reiterando que no reconocen la competencia del Ministerio de Educación para interferir en contratos suscritos entre particulares, “no siendo motivo tampoco de esta decisión, las amenazas de sanciones que no podrían ser aplicadas en contra de nuestros afiliados, pues se ha interpuesto recurso impugnatorio administrativo en contra de ilegales normativas”.
