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La comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados recibió ayer los descargos del comandante nacional de la Policía, el general Jhonny Aguilera, sobre el escándalo que estalló con la detención de un alto mando de su institución, quien tenía en su poder una vagoneta que había sido reportada como robada en Chile.

Aguilera reconoció que el 26 de marzo se emitió un informe sobre el arribo de un ciudadano chileno “particular”, quien tenía la misión de rescatar, precisamente, el motorizado que estaba en poder del coronel Raúl Cabezas, hasta ahora el único procesado en este caso. Aguilera dijo a los diputados de la comisión que no existía otro policía bajo la lupa de la pesquisa.

El reporte, tal como lo informó EL DEBER, fue redactado hace 40 días por el teniente coronel Rolando Téllez. Hasta la semana pasada, este oficial ocupó el cargo de subdirector de Diprove en Santa Cruz y se presentó como testigo ante la Fiscalía, mientras enfrenta un proceso de carácter interno. 

“Ese informe surge como emergencia de un parte recibido por un mayor López, quien se percata de la presencia de personas extranjeras en esa parte del territorio y, por eso, según la versión de Téllez, él se comunica con Hugo Bustos (director de una ONG dedicada a rescatar vehículos robados), quien suspende la reunión porque, dijo, iba a realizar las operaciones de manera individual, tal y como lo ha hecho”, afirmó. 

Aguilera explicó a los legisladores que este informe de Téllez siguió dos caminos en estos 40 días. “Uno se ha dirigido al comandante de Santa Cruz y la copia, por dependencia, se ha dirigido a la dirección nacional de Diprove. ¿Qué hizo Diprove? Toma conocimiento del informe y se traslada a la oficina de Carabineros de Chile en Bolivia. Explican que no había ninguna operación de carácter formal que sea de conocimiento de parte de ellos”, remarcó.

El Consulado General de Chile en La Paz alberga al grupo de agregados policiales y de enlace con los que la Policía Boliviana reactivó la coordinación, precisamente, a raíz de este caso. El comandante admitió que se están recuperando esos mecanismos binacionales no sólo con Chile.

Pero, la relación de estos hechos fue presentada por Aguilera ante la inquietud de los legisladores sobre las acciones de la Policía una vez que supo —aquel 26 de marzo— la ejecución de la llamada “operación rescate” que desarrolló Bustos en Santa Cruz de la Sierra y Yapacaní. Además de la vagoneta que estaba con el coronel Cabezas, halló una camioneta roja en poder de una persona que se presentó como exmilitar y dijo tener contacto con Téllez. 

La Policía halló ese automotor en Yapacaní y prevé devolverlo tras un trámite diplomático.

Esa operación estuvo encriptada en la Policía hasta el 1 de mayo, cuando el canal chileno Meganoticias divulgó un reportaje sobre la base del trabajo que hizo Bustos en el país. El chileno dijo hace algunos días a EL DEBER que realiza ese trabajo hace más de ocho años y aseguró que una gran parte de los autos que recupera están en poder de militares y policías, incluso de políticos.

Bustos, incluso, dijo que existen poblados “donde la Policía no pone un piecomo el llamado México Chico, que supuestamente está en el trópico de Cochabamba o Musiquera, un caserío con un registro de Google Maps en Potosí.

El expresidente Evo Morales descalificó el trabajo de Bustos. “Desmentimos la falsedad de la supuesta existencia de un ‘México Chico’. En 2011, agentes chilenos y la DEA trataron de involucrar a la dirigencia cocalera en una investigación. Ahora un excarabinero acusado de robo en su país trata de hacer lo mismo”, afirmó Morales a través de sus redes sociales. 

Esa versión no ha sido respaldada, hasta el momento, por ninguna autoridad del gobierno de Luis Arce. Eso sí, su administración plantea trabajar la problemática del crimen organizado y el contrabando en la frontera con el gobierno chileno de Gabriel Boric que está en el poder desde marzo. 

De hecho, Aguilera ya se reunió la pasada semana con dos carabineros de enlace de Chile para recuperar la coordinación, aunque la Aduana Nacional pidió mayor responsabilidad de esa nación para frenar el contrabando de autos y de todo tipo de mercaderías.

“Si no hay la corresponsabilidad de que Chile controle su frontera para nosotros controlar esa mercancía, que viene de zona franca, es un trabajo impresionante que tenemos que hacer”, dijo Karina Serrudo, presidenta de la Aduana.

Reestructuración

Gualberto Arispe, el jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, dijo que las explicaciones de Aguilera no fueron convincentes. Demandó sanciones mucho más drásticas para aquellos uniformados que empleen autos ‘chutos’, sin documentos o que estén denunciados como robados. 

“Tenemos que reestructurar a la Policía, tenemos que remover los mandos. A estas alturas, la población ha estado evaluando y uno ve los comentarios y la imagen de la institución está por los suelos. No hemos visto una toma de decisiones clara y tienen que haber sanciones mucho más duras”, dijo.

Aguilera afirmó que surgió la propuesta de reformar la Ley 101, que regula el régimen disciplinario de la Policía Boliviana, incorporando el alejamiento por el lapso de un año de todo aquel efectivo que sea sorprendido con un automóvil sin documentos. Arispe dijo que “al retrasar por un año los ascensos en la Policía no habrá ninguna sanción efectiva”.

Ante el clima adverso que enfrenta la institución del verde olivo, el comandante aseguró que en su institución la conducta de cada funcionario policial “es inherente a cada persona”. “Se me ha cuestionado que existe una organización criminal al interior de la Policía”, señaló Aguilera a los periodistas al salir de la comisión.

Insistió que el informe ha sido una oportunidad para explicar este caso. Reveló que el coronel Cabezas está siendo procesado porque se generaron “documentos falsos sobre el origen” de la vagoneta que estaba en su poder.


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