Una sociedad golpeada por la crisis económica y los efectos de los bloqueos. Esa es la fotografía del análisis de la conversación digital que tuvo lugar entre el 21 y el 27 de mayo, en los días posteriores a la abrogación de la Ley 1341 que regula la aplicación de los estados de excepción en Bolivia.
El estudio, elaborado por la agencia de Comunicación Estratégica Rodríguez & Baudoin, revisó 2.420 publicaciones y 1.545 comentarios en redes sociales y llegó a una conclusión llamativa. La opinión de la ciudadanía no coincide necesariamente con los contenidos que consume ni con las voces que dominan el debate público.
Según el informe, hay una brecha entre mensajes difundidos por dirigentes, medios y actores políticos y la reacción de los usuarios. En las publicaciones que reproducen declaraciones de líderes que justifican los bloqueos, el 56% de los comentarios exige orden y el fin de las medidas de presión, mientras que apenas el 13% expresa respaldo a las protestas.
“La audiencia no piensa como el contenido que comenta”, resume el análisis.
El estudio también muestra que el 76,5% de las publicaciones mantiene una posición informativa y se limita a relatar los hechos. Los actores que sí adoptan posturas definidas representan una minoría y parecen habitar universos paralelos. Por una parte unos exigen el levantamiento de los bloqueos y el retorno a la normalidad, mientras otros centran sus preocupaciones en la defensa de derechos y libertades públicas.
Sin embargo, detrás de esa polarización existe una preocupación común. El informe concluye que la principal inquietud ciudadana no está vinculada a debates constitucionales, jurídicos o ideológicos, sino a la subsistencia económica.
La frase “déjenme trabajar” aparece de manera recurrente en los comentarios y se convierte en una demanda transversal que atraviesa distintos sectores sociales. El reclamo refleja el impacto directo que tienen los bloqueos sobre comerciantes, transportistas, trabajadores independientes y familias que dependen de ingresos diarios para sostenerse.
Otro de los hallazgos apunta a un cambio en la percepción de la dirigencia sindical. Las críticas ya no se concentran en diferencias ideológicas, sino en cuestionamientos sobre privilegios, intereses particulares y motivaciones de los líderes. La desconfianza también alcanza al oficialismo, al que parte de la ciudadanía reprocha una respuesta insuficiente frente a la prolongación del conflicto.
Para los autores del informe, la coyuntura puede entenderse a partir de tres claves. La primera es que el verdadero estado de ánimo ciudadano se expresa con mayor claridad en los comentarios que en los titulares. La segunda es que el terreno social favorece a quienes logren asociarse con estabilidad, producción y trabajo, aunque ningún actor político haya conseguido todavía apropiarse de esa bandera. Y la tercera es que incluso la cobertura neutral termina amplificando el reclamo de orden porque refleja hechos sobre los que la ciudadanía proyecta su cansancio y frustración.
La conclusión del estudio es que el desgaste económico ha alcanzado una profundidad tal que cualquier mensaje relacionado con estabilidad, normalidad y trabajo encuentra eco inmediato en amplios sectores de la población.
En medio de una disputa política marcada por discursos confrontacionales, las redes sociales muestran una demanda mucho más simple y concreta. Más allá de las consignas y las posiciones ideológicas, una parte importante de los bolivianos parece concentrar su preocupación en una pregunta cotidiana y urgente: ¿cuándo podremos volver a trabajar?