Se tiene previsto que mañana declaren en la instancia legislativa los ministros Arturo Murillo, Fernando López y Álvaro Coimbra. Además, existe la posibilidad de escuchar las versiones de Juan Ramón Quintana, Wilma Alanoca, Héctor Arce y Javier Zavaleta

13 de septiembre de 2020, 17:23 PM
13 de septiembre de 2020, 17:23 PM

El diputado Amilcar Barral, de filas de Unidad Demócrata (UD), informó que la comisión mixta que investiga las muertes del año pasado en Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, tiene previsto escuchar mañana las declaraciones de los ministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; y de Justicia, Álvaro Coimbra. Además, esta instancia legislativa prevé visitar a las exautoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS) que están asiladas en el residencia de la embajada mexicana con el fin de tomar declaraciones informativas.

"Nosotros vemos muy saludable que (los ministros) vengan a declarar, porque al final el que nada tiene nada teme y tendrían que venir porque quiérase o no, el Congreso es el primer poder del Estado y los ministros son funcionarios públicos, pero especialmente los comandantes de la Policía y del Ejército. Pero ya hemos tropezado con algo: se han pedido informes escritos a varios de los ministerios y el único que ha respondido es el Ministerio de Hidrocarburos, el resto no lo ha hecho diciendo que cualquier solicitud se tiene que hacer mediante la presidenta Jeanine Áñez, y a mí no me parece", cuestionó Barral, quien es secretario de la comisión mixta legislativa que investiga los casos de Senkata y Sacaba.

El legislador añadió que se mandará una nota a la embajada mexicana en Bolivia con el fin de solicitar el ingreso al inmueble diplomático donde se encuentran los exministros Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta, Wilma Alanoca y Héctor Arce, entre otras exautoridades. El objetivo es tomar declaraciones informativas sobre los hechos del año pasado.

En Senkata y Sacaba, luego del presunto fraude en las elecciones del 20 de octubre del año pasado, se vivieron días difíciles por los conflictos entre fuerzas militares y policiales contra movimientos sociales afines al MAS. Hubo muertes producto de disparos de armas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó estos hechos como una "masacre" y culpó al Gobierno de usar fuerza excesiva.