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El incumplimiento de los plazos procesales y la falta de investigadores forenses se señalan como las dos principales causas de la retardación de justicia en los casos de feminicidio. Una comisión mixta de legisladores investiga la retardación en la atención y resolución de casos de feminicidio en el país.

"Desde 2013 hasta el 2020 (se registraron) 787 casos y esta gestión 2021 estamos llegando a más de 37 casos de feminicidios. Esta cifra es muy alarmante”, dijo el senador Rubén Gutiérrez, integrante de dicha comisión. 

Por ello, los legisladores estudian los casos que se han tramitado en los últimos siete años ante el Ministerio Público para conocer los factores que limitan las resoluciones judiciales.

Gutiérrez observa la falta de oficinas del IDIF en los nueve departamentos como uno de los principales motivos para el retraso de los procesos.

“Los delitos de feminicidio fundamentalmente se resuelven con las pruebas que se presentan a través del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y solo tenemos oficinas en La Paz y Cochabamba, en Santa Cruz recién está en proceso de implementación y en los otros departamentos no tenemos ese servicio, entonces, ahí se demora bastante porque tienen que enviar las muestras de laboratorio hasta las ciudades de La Paz o Cochabamba, y esto no puede continuar así, ese es uno de los factores”, detalló.

El trabajo de la comisión mantiene un enfoque de estudio amplio a la problemática de los feminicidios. Según destaca el legislador, el plan de trabajo abarca cuatro niveles fundamentales para detener el incremento de los casos. La comisión avanza en consideraciones para la prevención, atención, protección y represión por el delito de feminicidio.

El informe final de la comisión debe presentarse en junio del presente año, fecha en la que culmina el tiempo establecido. Será la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la que analice las recomendaciones y determine las modificaciones a la Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ley 348, y otras normativas vinculadas a la seguridad de la mujer.

Gutiérrez adelanta algunas recomendaciones que están siendo analizadas como “el número de policías asignados en la FELCV y el número de fiscales. Por ejemplo, en Oruro hemos detectado que 20 fiscales tienen que atender a una población de casi medio millón de habitantes”, explicó.

Durante la sesión, la Comisión recibió en audiencia a representantes de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, Ministerio Público y Mujeres Creando, para conocer diversos aspectos relacionados con los feminicidios y la posterior investigación procesal de los mismos.

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