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La comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que investiga la compra de material no letal contra disturbios, finalizó ayer sus sesiones con la aprobación de su informe conclusivo que recomienda el inicio de un proceso penal contra cuatro ministros de Estado y el presidente de la Aduana, Waldo Ramos, por no brindar información sobre el caso.

La presidenta de esa instancia, senadora Plácida Espinoza, explicó que “no hubo cooperación del Ministerio de Gobierno ni de Defensa, así como de la Aduana Nacional, instituciones que directamente presentaron excusas para no participar”.

Las autoridades que no se presentaron a declarar son los titulares de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; de la Presidencia, Yerko Núñez y el exministro de Economía, Óscar Ortiz, entre otros.

El informe conclusivo, que será remitido al pleno para su aprobación, recomienda que el Ministerio Público continúe con las investigaciones por la compra irregular de armamento no letal antidisturbios, al igual que la Contraloría General del Estado realice las auditorias correspondientes.

Según la denuncia, la adquisición se hizo por un valor de Bs 40 millones, monto mayor al realizado por otros gobiernos como Ecuador y Venezuela, además que la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions, que fungió como intermediaria, es propiedad, según la acusación, de un allegado al Gobierno.

Los datos proporcionados dan cuenta que hubo un sobreprecio superior a $us 2 millones en la compra de material antidisturbios. Sin embargo, desde el Ejecutivo se asegura que el proceso fue transparente.