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En una carta abierta al Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez, el Comité pro Santa Cruz exigió a la mandataria, un pronunciamiento público contra el Fiscal General Juan Lanchipa. El presidente del ente cívico, Rómulo Calvo, se mantiene en la capital Sucre, esperando que Lanchipa sea removido de su cargo.

“Como movimiento cívico nacional, actor fundamental junto al pueblo boliviano, para la recuperación de la democracia, le exigimos presidenta Áñez, que su Gobierno se manifieste públicamente y tome una definición que permita a los bolivianos, tener certeza de acceso a una administración del poder judicial confiable y con funcionarios probos. Que no se permita que en estos próximos días, cuando se va a llevar a cabo la audiencia de anulación de la personería jurídica del MAS, haya motivo para convulsionar el país y no hayan autoridades que protejan al pueblo boliviano”, señala parte de la misiva.

Los cívicos dicen estar extrañados de que el Gobierno que preside Áñez, que es consecuencia de la lucha del pueblo para recuperar su democracia, no se hubiera manifestado al respecto, pese a la gravedad de las acusaciones contra el Fiscal General, en especial, el silencio de los responsables de velar por la aplicación de una justicia proba, libre de corrupción como el Ministerio de Justicia.

“Es inconcebible, señora Presidenta, que usted y el Ministerio de Justicia guarden un extraño silencio hasta la fecha, cuando ya está por expirar su mandato de transición, así como es pasmoso que su administración no tome las acciones contra este funcionario que funge como autoridad”, añade.

El movimiento cívico se encuentra en emergencia “por la descarada y manifiesta posición del Fiscal General del Estado Juan Lanchipa”, desde que subió al cargo de forma amañada como se ha demostrado con pruebas en las denuncias que hemos venido realizando, declara.

Los cívicos apuntan a Lanchipa de haber cometido fraude mediante manipulación informática para acceder al cargo que ahora ostenta. Por esta acción delincuencial, lo tenemos como autoridad en la justicia penal de los bolivianos y como cabeza del Ministerio Público”, expresa la carta de los cívicos.