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Desde ayer (viernes) el Comité Pro Santa Cruz empezó a cursar invitaciones a autoridades electas y opositoras al Movimiento Al Socialismo (MAS) para que asistan, este lunes a las 9:00, "a una reunión de emergencia en defensa de la democracia y en contra de la persecución política". La convocatoria es a escala nacional y también alcanza a los cívicos. 

Nuestro país está atravesando graves momentos de tensión ciudadana por la persecución política, judicial y policial del Movimiento Al Socialismo contra dirigentes, exautoridades y el pueblo boliviano que defendió la democracia del fraude perpetrado por Evo Morales y sus cómplices en 2019”, se lee en una parte de la carta que fue enviada a 11 alcaldes electos, a dos gobernadores electos y a tres candidatos a gobernadores (que en abril irán a segunda vuelta), todos de la oposición al MAS.

Hasta las 18:00 de este sábado, según informó Paola Cuéllar, encargada de logística del ente cívico, habían confirmado su asistencia  Iván Arias (alcalde electo de La Paz), Luis Fernando Camacho (gobernador electo de Santa Cruz), Jairo Guiteras (de Comunidad Ciudadana), Regis Medina (alcalde electo de Montero) y Raúl Alvis (alcalde electo de Cotoca).

La convocatoria se da una semana después de que el Gobierno de Luis Arce Catacora y la Fiscalía ejecutaran una serie de aprehensiones en contra de las exautoridades que acompañaron a Jeanine Áñez durante el Gobierno de transición, esto en el marco de la narrativa del MAS de que la salida de Evo Morales de Bolivia, el 11 de noviembre de 2019, se debió a un supuesto golpe de Estado y no a la presión de los más de 20 días de protestas ciudadanas, generalizadas en todo el país, que denunciaban fraude electoral en favor del partido del líder cocalero. Además, el fraude electoral fue confirmado en un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los ministros de Justicia y de Gobierno, Iván Lima y Eduardo del Castillo, entre otros representantes del Ejecutivo nacional, han salido en estos días a señalar que no se trata de una persecución política si no de justicia.

Si embargo, las voces, incluso a escala internacional, pidiendo al Gobierno boliviano respetar el debido proceso y no convertir al sistema judicial en un instrumento de persecución van en aumento. 


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