Hubo consultas entre varias instituciones y al final se optó por mantener la fecha de la protesta departamental. El ex secretario de Autonomías del municipio plantea una ley para regular los censos

2 de agosto de 2022, 4:00 AM
2 de agosto de 2022, 4:00 AM

El paro va. El Comité Interinstitucional que impulsa un censo oportuno y transparente para 2023 anunció anoche que la medida de presión continúa vigente para el 8 y 9 de agosto. La decisión fue anunciada por el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, tras varias consultas que consideraron la posibilidad de postergar la protesta debido al incendio que arrasó el mercado Mutualista.

La autoridad académica preside este Comité y fue quien —en un primer momento— se inclinó en favor de diferir el paro como un gesto ante las pérdidas que ocasionó el siniestro. “En este momento, no me imagino que una persona, que esté sufriendo estos problemas, piense en un paro”, señaló Cuéllar, entonces. Escuchó, luego, a los representantes del sector gremial y trasladó la solicitud de aplazar el paro ante la directiva del Comité que impulsa el censo.

“Se ratifican las medidas de presión y esperamos que, en esta semana, el Gobierno pueda bajar para que nos haga conocer la nueva ruta crítica del censo", anunció la autoridad académica tras reunirse de emergencia con el gobernador, Luis Fernando Camacho, y representantes del Comité Cívico.

"Hemos asumido un compromiso entre todas las instituciones que son parte de esta comisión y comenzar una cruzada de solidaridad para poder colaborar, ayudar a las familias que han quedado en la calle por este voraz incendio", continuó el rector Cuéllar en una rueda de prensa en la sede de la facultad de Veterinaria de la Uagrm.

Jaime Flores, presidente de la Unión de Federaciones Gremiales, fue quien llegó hasta la Universidad para poder solicitar que el paro no se realice la próxima semana. “Hemos insistido que este tema se tiene que resolver técnicamente. Hay que insistir al Gobierno nacional para que se siente y se busque una salida, porque no estamos contra Santa Cruz, no estamos contra el censo; queremos un censo oportuno, pero sin paros. Ahora tenemos que solidarizarnos con nuestros compañeros del mercado Mutualista”, afirmó.

“Nosotros no queremos paro, pero sí apoyamos que el censo se haga el 2023 y que se lo haga técnicamente y que se busque el diálogo en los tres niveles”, complementó, posteriormente, Marcos Morales, dirigente de la Unión Gremial del Mercado Mutualista.

Cuando el gobernador Camacho llegó para reunirse con Cuéllar y el resto de los delegados, dijo que hizo consultas con varios sectores, los que -según dijo- le habían manifestado que estaban firmes con la medida. Opinó que esa determinación se asumió en un “cumbre”.

Señaló, entonces, que solo una instancia similar podría aplazar la medida de presión que, sin embargo, está condicionada a una posible respuesta por parte del Gobierno en favor de la demanda cruceña.

“Hice un compromiso; no estoy por encima de las instituciones, son 403 instituciones que fueron a la cumbre. No puedo tomar determinaciones en nombre de ellas; sin embargo, hemos podido contactarnos en el corto tiempo y si bien no es la mayoría, hay un respaldo rotundo para que el paro continúe”, puntualizó Camacho.

Respecto a la demanda de los gremialistas y el siniestro que acabó con una gran parte del mercado Mutualista, el Gobernador afirmó que, a partir de los datos del censo, se tendrá un nuevo pacto fiscal que le permitirá a Santa Cruz contar con más recursos, incluso para enfrentar eventuales incendios.

“El motivo por el cual estamos llevando adelante el paro es por la falta de recursos. Lo que hemos visto en el mercado Mutualista es falta de carros bomberos, falta de posibilidades de adquirir agua; ha habido una desesperación de la gente por adquirir agua. Ha habido una desesperación impresionante por falta de esas condiciones. Para eso necesitamos un censo, para poder determinar las necesidades que tiene la ciudadanía”, subrayó Camacho poco después de solidarizarse con las familias que perdieron su fuente laboral por efecto del siniestro.

En horas de la madrugada, cuando los bomberos luchaban contra las llamas en el Mutualista, la presencia de Camacho en ese sitio fue rechazada por varios gremialistas. Su equipo de seguridad tuvo que resguardarlo y le pusieron un casco para protegerle de los objetos que le lanzaron en medio de rechiflas y abucheos.

El sábado 30 de julio se desarrolló la segunda cumbre en favor del censo. Ese día se aprobó el paro para exigir que el censo se realice en 2023, y no en 2024 como lo establece el Decreto 4760. De hecho, la cumbre demandó la anulación de esa normativa y que se abra un diálogo "técnico" para que el país pueda conocer las acciones que ya desarrolló el Instituto Nacional de Estadística (INE) con miras al empadronamiento que debía haberse hecho en noviembre de este año.

En la cumbre no participó el alcalde cruceño, Jhonny Fernández, quien rechazó abiertamente el paro y en simultáneo se hizo pública la renuncia de su secretario de Autonomías, José Luis Santisteban, un abogado constitucionalista que rechazó la postergación del censo por las complicaciones políticas de esa acción y porque los próximos dos años estarán marcados por una agenda electoral nacional.

Santisteban reapareció ayer con un mensaje divulgado desde sus redes sociales. Anunció que planteará a la institucionalidad cruceña un proyecto de ley para regular la realización de los censos cada 10 años, además de establecer encuestas intercensales “de aplicación inmediata”. 

 En ese marco, señaló que los resultados de las encuestas deben ser aplicados después de seis meses. “Nuestra lucha es por principios; es inclaudicable y no podemos dar concesiones al Gobierno para que postergue las aspiraciones de Santa Cruz y nos haga daño a todos los bolivianos”, dijo el experto, luego de precisar que su propuesta establece, en un artículo transitorio, que el próximo censo se haga efectivo el primer semestre de 2023.

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Jean Pierre Antelo, anunció más temprano el apoyo de su sector para que el censo se haga en 2023, aunque solicitó que se priorice el diálogo y evitar el paro.
“Debe haber un marco de apertura al diálogo. Creemos que la reunión de este jueves entre los rectores y el INE genera una esperanza para que se puedan resolver estas dudas que hay sobre el censo y que se pueda hacer en 2023”, dijo.

El rector Cuéllar también señaló que existe “esperanza” en la reunión de este jueves en La Paz. La cita se celebrará en la sede del INE y el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, anunció que en ese momento se conocerá el nuevo cronograma del censo. Eso sí, previsto para 2024 como lo establece el Decreto 4760.

El portavoz de la Presidencia, Jorge Richter, anunció que una comisión del INE llegará a Santa Cruz para sostener reuniones “técnicas” respecto al cronograma. Hasta ayer no se confirmó la fecha de exacta de esa actividad.