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El Comité Cívico pro Santa Cruz se convirtió en la primera institución en presentar una impugnación en contra de la resolución de sobreseimiento que presentó la Fiscalía de La Paz respecto del caso fraude electoral; además se presentará un incidente de actividad procesal defectuosa ante el juez cautelar que está a cargo del caso.


“Se presentó un recurso de impugnación ante el sobreseimiento que han presentado los fiscales de materia respecto del caso fraude electoral, esta impugnación debe ser resuelta por el fiscal departamental de La Paz; además se presentó un incidente de actividad procesal defectuosa ante el juzgado”, dijo uno de los asesores del Comité.


El martes 27 de julio la Fiscalía presentó la resolución de sobreseimiento e informó que no encontró delito en los 12 acusados del caso fraude electoral y por tanto dejaba sin efecto todas las investigaciones. Con esa resolución se abrió el periodo de impugnaciones y el Comité fue la primera entidad en hacer conocer su rechazo a la resolución fiscal.


El abogado, Jorge Valda, asesor de esta institución, dijo que los argumentos jurídicos utilizados demuestran claramente que el informe de un experto informático de una consultora española no es otra cosa que una opinión y no un estudio como el que realizaron en el país los expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE).     


“En ese sentido, nuestra impugnación demostrará que el informe pericial elaborado por el docente (Juan Manuel) Corchado y sus dos estudiantes, al margen de ser una prueba obtenida ilegalmente, no tiene valor de carácter comparativo con documentos oficiales elaborados por organismos internacionales”, subrayó Valda.


Sin embargo, los dirigentes y abogados del ente cívico cruceño lamentaron que esta impugnación tenga que ser valorada por el Fiscal Departamental de La Paz, Williams Alave, ya que la resolución de sobreseimiento fue presentada por el propio Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa.   


“En el entendido de que ha sido Juan Lanchipa quien presentó el comunicado de carácter general, señalando que se ha archivado el caso o no existiría delito, ¿cómo podemos garantizar que el fiscal departamental de La Paz vaya a actuar con idoneidad u objetividad si su superior jerárquico avaló la inexistencia del delito?”, añadió el abogado.


Los argumentos


Según los abogados, la resolución de la Fiscalía solo menciona el informe preliminar de la OEA y no así el informe final, tampoco tomó en cuenta los informes de las dos empresas que fueron contratadas por el propio Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ethical Hacking y Neotec, especialmente la primera que fue la que detectó los servidores alternos y el ingreso al sistema desde otro servidor.


Los asesores destacaron que la UE desplazó 20 expertos internacionales para revisar la integridad del sistema informático, mientras que la OEA envió 36 técnicos de 18 países miembros que vinieron a Bolivia y tuvieron acceso a todos los sistemas, además de entrevistas con los propios técnicos nacionales.


Además recordaron que, en cualquier investigación, cuando se decide por el peritaje se convoca a las partes y se informa sobre esta decisión de los fiscales, en esa audiencia, las partes querellantes pueden sugerir otros peritos propios o se acuerda un tercero imparcial.


Todos los pasos legales que se siguen para contratar a un perito no se cumplieron, dijo Jorge Valda y añadió que en este caso la Fiscalía obró de manera unilateral porque definió al perito y las pruebas a ser analizadas, cuando eso corresponde a los querellantes.


De acuerdo con el informe de la Fiscalía, los denunciantes de este caso son la Procuraduría General del Estado, el TSE, el Ministerio de Gobierno, el Viceministerio de Transparencia y la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información (Agetic). No hay personas particulares o entidades como el comité cívico.


La Fiscalía a través de su Secretario General, Edwin Quispe, aseguró que quienes pueden impugnar esta resolución son las partes, es decir los denunciantes o en su caso los denunciados. Por lo que las impugnaciones de otras entidades pueden ser rechazadas.



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