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Comunidad Ciudadana (CC) presentó una propuesta de reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) destinada a modificar la forma de elección de las autoridades del Órgano Judicial, garantizar un presupuesto suficiente para el sistema judicial y constitucionalizar el requisito de los dos tercios para aprobar temas sustantivos en la Asamblea.

En conferencia de prensa, el expresidente Carlos Mesa planteó la conformación de un grupo de asesoramiento a su despacho para la redacción de una pregunta que sería llevada a referéndum el 7 de marzo, aprovechando las subnacionales, tal y como propuso el ministro de Justicia, Iván Lima.

El abogado Miguel Gallardo opinó que no existe norma legal que avale la conformación de ese “consejo preconstituyente”, porque no ha nacido a la vida jurídica, no existe. Primero, dijo, tiene que aprobarse una ley para su constitución, conformación y el alcance de su trabajo.

Luego deben redactarse una “propuesta de modificación parcial al texto constitucional”.

Este producto debe ser aprobado en la Asamblea y luego se somete a referéndum.

CC planteó lo que sería el siguiente paso, que implica eliminar la elección de jueces, y reemplazar a los que ya están elegidos sin esperar que termine su gestión, el 2023.

Para ello, consideró la creación de otro consejo ciudadano de notables conformado por representantes de las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas del país, colegios de abogados, asociaciones de periodistas, entidades empresariales, centrales de trabajadores y representantes de los pueblos indígenas y organizaciones de derechos humanos

Este consejo debería evaluar y calificar las trayectorias y méritos de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, fiscal general del Estado y fiscales departamentales, y presentar una terna a la ALP para cada uno de los cargos, con los postulantes mejor calificados.

La lista de seleccionados se remitirá a la Asamblea, que designaría a los altos magistrados y fiscales obligatoriamente de las ternas presentadas y, la ciudadanía, mediante referéndum aprobaría o rechazaría en dos planchas, la de jueces y la de fiscales, estas designaciones.

Una tercera modificación propuesta señala que se garantizará al sistema judicial y fiscal, en su conjunto, por lo menos el 2% del presupuesto general del Estado para su funcionamiento.

CC propuso, además, incluir en el artículo 162 de la CPE un párrafo que especifique que se requerirán dos tercios de votos los legisladores presentes en la respectiva cámara, en los 11 temas que, por la modificación de los reglamentos de Senadores y Diputados decidido por la anterior Asamblea, hoy precisan solo de la mayoría simple.

También está en la propuesta que “en caso de que una sola organización política o alianza tenga dos tercios en la Cámara de Diputados o en la de Senadores, se requerirá una mayoría cualificada de tres cuartos”, dijo el diputado Carlos Alarcón.

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