Comunidad Ciudadana presenta tres modificaciones a la ley del defensor del pueblo para asegurar la independencia

Los diputados de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón y Oscar Balderas presentaron un proyecto de modificación a la ley del Defensor del Pueblo con el propósito de garantizar su independencia e imparcialidad. En concreto, formulan el cambio de tres aspectos de la actual norma para recuperar la identidad institucional de la defensoría.

Alarcón defiende la “independencia” que la Defensoría debe gozar “frente a cualquier poder político y partidario”. Con las reformas propuestas, se quiere “recuperar la imparcialidad de una institución fundamental en el quehacer de los derechos humanos individuales y colectivos”, afirma el diputado.

Las modificaciones planteadas sugieren, en primer lugar, crear los mecanismos que garanticen la postulación de personas ajenas a partidos políticos o instituciones partidarias. La propuesta considera un periodo de 10 años previos sin registro o filiación, una forma de frenar candidatos que “contaminen“ la institución al “no cumplir los verdaderos objetivos que debe tener”, aseveró Alarcón.

Para los representantes de CC, la institución debe centrar su accionar en la defensa de “los derechos humanos del pueblo y no los intereses del gobierno”.

Una segunda observación pone foco en la relevancia del cargo como plataforma para incursionar en la política. En este sentido, propone un plazo de cinco años antes de que un responsable de esa institución pudiera postularse a cargos electos.

En las últimas elecciones subnacionales, el defensor del pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, renunció al cargo para presentarse como candidato a la alcaldía por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Los diputados de CC advierten que las inclinaciones políticas de un Defensor del pueblo pudieran alterar la imparcialidad de sus determinaciones.

Finalmente, la modificación planteada pretende resolver un problema que ha sostenido la Defensorìa durante mucho tiempo. El desempeño de funciones bajo la nominación de interinato ha perdurado en la Defensoría del pueblo provocando su desinstitucionalización. La propuesta estipula tres meses de periodo máximo de interinato, un tiempo “suficiente” para convocar y postular en la Asamblea Legislativa a la nueva autoridad.