Siete empresas supuestamente pagaron coimas. La Fiscalía señala que serán investigadas y sancionadas. La denunciante dice que no pudo más con la presión y mencionó que solo en siete contratos se recaudaron más de $us 2,7 millones

18 de mayo de 2023, 7:54 AM
18 de mayo de 2023, 7:54 AM


La Fiscalía imputó al exministro de Medio Ambiente y Agua Juan Santos Cruz por el delito de enriquecimiento ilícito. Pedirá, en la audiencia que se realizará hoy, jueves, a las 8:30, seis meses de detención en la cárcel del San Pedro. Investiga a siete empresas por el pago de al menos Bs 19 millones en coimas que la exautoridad habría usado para comprar al menos 30 inmuebles y cinco vehículos.

La imputación formal contra el exministro es por enriquecimiento ilícito. “Solicitamos al juez que asigne día y hora para una audiencia, en la que el fiscal encargado solicitará la detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro”, dijo el fiscal departamental de La Paz, William Alave.

El fiscal destacó que el enriquecimiento ilícito “es un elemento indiciario. Si es que corresponde, se ampliará a otros tipos penales. Nos basamos en elementos que permiten asegurar la efectividad procesal que debe tener el Ministerio Público al momento de encarar una investigación”.

Según el documento de imputación, existe una serie de transferencias bancarias que lo incriminan en la comisión de ese supuesto delito. Dos, principalmente: Una, realizada por el exministro en favor de su sobrino Johnny Santos por la suma de Bs 297.435 y, la otra, a la cuenta de su colaboradora Rosa Viviana Bautista por Bs 98.555. 

Hay una investigación en proceso, se puede ampliar a más personas, puede llevar a más involucrados. Hemos completado 48 horas de haber iniciado la indagación y la efectividad que tuvo el Ministerio Público fue muy alta, porque ya tenemos tres detenidos”, dijo Alave.

De hecho, ante las consultas de EL DEBER, la autoridad fiscal señaló que hay siete empresas que supuestamente pagaron las coimas. Adelantó que “todas ellas serán llamadas y serán investigadas”.

El martes, la Fiscalía escuchó la declaración de Claudia Cortez Loza, quien manifestó que ella “habría entregado en todo este tiempo una suma aproximada de Bs 19 millones ($us 2,7 millones)”. Esa habría sido la recaudación lograda por el ahora exministro de Medio Ambiente y Agua de la que ella fue testigo y partícipe. Esto se produjo en siete adjudicaciones de contratos realizadas tras licitaciones en todo el país.

Sin embargo, según las denuncias, por las recaudaciones de coimas el exministro compró un frigorífico en la ciudad de Cobija (Pando), dos haciendas en la comunidad de Bella Flor, una camioneta Hilux, una vagoneta Mitsubishi y otra Prado; un vehículo Hummer y un camión rojo en Tarija. “Ella señala que hubiesen adquirido una cantidad de 27 inmuebles distribuidos en Cobija, Santa Cruz y Tarija”.

La Fiscalía solicitó al juez la anotación preventiva de todos estos bienes del exministro, así como aplicación de medida cautelar de carácter real. “Lo que corresponde y lo estamos haciendo, es ir a precintar cada uno de los bienes y, posteriormente, los secuestraremos porque son parte de los elementos del hecho que estamos investigando”.

El fiscal paceño apuntó que de esta forma se conformaron los elementos esenciales de la imputación. El Código de Procedimiento Penal indica que para determinar este tipo de actividad procesal en una audiencia cautelar, que es lo que está programado para hoy en contra de la exautoridad, son suficientes la justificación clara de los indicios. “Y los que tenemos en este caso son contundentes”, afirmó la autoridad.

Sobre la situación jurídica de Claudia Cortez, la excolaboradora de Juan Santos, la persona que en primera instancia denunció ante los medios y el martes declaró en Santa Cruz, manifestó que “estamos realizando la ampliación de la imputación en contra de ella. Pedimos que se aplique la alerta migratoria” que garantice que no pueda salir del país. Complementó que el objetivo es que sea conducida a La Paz para procesarla junto a los otros implicados en la sede de Gobierno.

“Para nosotros, ella ya emitió el miércoles su declaración formal y ese testimonio es el que tenemos que hacer prevalecer ante el juzgado: los Bs 19 millones, los inmuebles, los vehículos”, manifestó.

Otra de las revelaciones que hizo el fiscal Alave, es que esta investigación no toma en cuenta una serie de conversaciones por chat de WhatsApp, que ella presentó, en las que se incrimina aún más al exministro. “Eso se verá más adelante”, acotó.

El expresidente Evo Morales, a través de su cuenta en Twitter, manifestó que “para evitar que se repita la política de impunidad que castiga y persigue a los que denuncian corrupción y protege a los que cometen ese delito, pedimos que el caso coimas en la Casa Grande del Pueblo sea investigado con todas las garantías de seguridad para los testigos”.

La denunciante solicitó de hecho acogerse a alguna medida de protección. El fiscal Alave señaló que “existe la norma, la ley 1390 de fortalecimiento a la lucha contra la corrupción, existe el procesamiento abreviado y otras figuras procesales jurídicas a las que ella puede acogerse”, declaró.

En el caso de presunta corrupción por el presunto cobro de una coima para la adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparáez, por parte de la Administradora Boliviana de Carreteras, la Fiscalía habilitó a un “testigo protegido”, quien fue parte del proceso. Sin embargo, tiempo después, la empresa china Chec, acusada de pagar, se querelló contra él, pese a estar “protegido”. Eso lo obligó a salir del país y después de contar su versión desde Miami, el hombre apareció muerto. 

En este caso, Alave puntualizó que una condición de la que no puede escapar Claudia Cortez “es que ella gestionó las coimas desde el ministerio, por eso debe ser remitida ante las instancias formales, tanto la Fiscalía, como el Órgano Jurisdiccional para aplicarlas. No podemos acogerla directamente, hay formalidades legales que se deben cumplir”.

Este medio pudo confirmar que en su declaración ante la Fiscalía, el exministro Juan Santos Cruz se declaró inocente.
Se mencionó también que durante su gestión el exministro acusó a su edecán de supuestamente robarse el dinero de las coimas. “No se ha incluido a esta persona en el proceso todavía, veremos qué es lo que nos dice la investigación.

El caso se conoció porque la denunciante confió y relató lo que sucedía dentro del Ministerio de Medio Ambiente y Agua al periodista y abogado Andrés Gómez.
En un contacto con radio Fides, el periodista señaló que los elementos que tiene la investigación coinciden con los que me pasaron”. 

No fue que el ministro compró los inmuebles a su nombre. Para ello utilizó a sus colaboradores como palos blancos. Pero en algún momento, surgieron desacuerdos que terminaron por desenmascarar la supuesta red de corrupción.

El periodista verificó que el número de celular al que escribió para pedir una entrevista coincidía con los chats cómo recriminaba a la persona que recaudaba, porque faltaban fajos de billetes.

En esos textos, “ordena que se deposite por ejemplo Bs 200.000, vi las boletas de recibos, de depósitos, las transferencias y en uno de los chats que le exigía a tal extremo, que la persona que recaudaba, con la que hablé en nueve ocasiones, tuvo que prestarse dinero para entregarle lo que requería”.

En uno de los chats se puede ver que el ministro exigía el dinero. “Ya me van a entregar. En dos ocasiones me dijo que tuvo que prestarse algo así como Bs 200.000 de otra gente para darle y cumplir el requerimiento del jefe”, dijo Gómez.

Posteriormente, cuando ella cobró las coimas, entonces pudo devolver los montos que se había prestado. “La presión era tremenda. Pero no quedaba ahí, incluso antes de que se licitaran las obras, le ordenó a la gestora de las coimas solicitar adelantos”. De esta forma, según esta investigación periodística realizada por Gómez, se identificaba a la empresa a la que iban a favorecer con la adjudicación de la obra. 

Esta persona, Claudia Cortez, llegó a tal punto de presión, que no solamente denunció al ministro siendo parte del esquema de corrupción, sino que aceptó dejar de ser una fuente reservada, para revelar su nombre y enfrentar a la justicia, pidiendo protección. 

“Por las veces que conversé con ella, está consciente de que está involucrada en el caso, pero por lo que relató, ya era demasiada la ambición del entonces ministro”, dijo.