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El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) rechazó el miércoles los pedidos de algunos sectores juveniles de Santa Cruz y Cochabamba, que desconocen el resultado de las elecciones del 18 de octubre y piden que una junta militar asuma el Gobierno y convoque a nuevos comicios.

“No hay opción para ninguna junta militar, policial ni cívica sediciosa que vulnere el orden constitucional y mucho menos enervarla con argumentos sobre un supuesto fraude electoral sucedido el 18 de octubre de 2020, sobre el cual no existe ninguna prueba documentada ni objetiva”, señala el comunicado.

El lunes 26, un grupo de manifestantes marcharon hasta la Octava División en Santa Cruz para solicitar a las FFAA que tomen el Gobierno, en rechazo a la elección de Luis Arce (MAS) como presidente del país. Ese mismo día, Juan Martín Delgado, presidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), repitió el pedido para tener una “Bolivia nueva, firme y reseteada”.

“Las fuerzas que pretenden calentar las orejas de algunos sectores militares, policiales y cívicos son grupos políticamente derrotados, antidemocráticos, fascistas, racistas y enemigos del pueblo boliviano”, señala el Conade.

Falta de credibilidad

“El Comité pro Santa Cruz debería expresarse sobre este tema. Ha estado en una posición errática con relación a las elecciones y eso genera una confusión colectiva, que es lo que estamos viviendo en estos momentos”, señaló el abogado Daniel Valverde.

El analista ve que existen agitadores en las redes sociales que han generado todo este movimiento y que forma parte de una estrategia de desestabilización.

Para el politólogo José Orlando Peralta, esta situación es un extremo político y crítico que atenta contra la institucionalidad democrática. “Es una contradicción decir que se apoya la democracia, pero que vuelvan los militares. Es un contrasentido total”.

Peralta califica de irracional esta solicitud, además que tiene una perspectiva extremista. “Es perjudicar la confiabilidad del Tribunal Supremo Electoral en el manejo de la administración de las elecciones, su transparencia, además del control interno y externo (observadores) antes, durante y después del proceso”.

La sicóloga social Isabella Prado analiza el papel que cumplen las redes sociales en este caso. “Como podemos escoger qué nos llega y de quién nos llega, tendemos a rodearnos de personas y líneas que piensan igual que nosotros. Vemos eso y pensamos que es general, cuando solo está circunscrito a nuestros contactos y preferencias”.

Prado ve que se ha ido validando cada vez más que las cosas deben hacerse a la fuerza y de manera autoritaria, porque las instituciones han fallado. “No se cree en la institucionalidad ni en la imparcialidad de quienes deberían administrar las instituciones del Estado y se busca una respuesta por el autoritarismo”.

La analista asegura que se debería estar trabajando para recuperar la institucionalidad en vez de terminar de destrozarla.

La contradicción de Evo

“La Constitución es muy clara sobre el rol de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana; nosotros, como lo hicimos siempre, respetaremos su institucionalidad”, escribió el expresidente Evo Morales, que desconoció el referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría dijo No a la reelección indefinida. Actualmente se encuentra en Argentina acusado de fraude.

Regirse a la Constitución

La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, censuró las manifestaciones “contrarias a la democracia y al Estado de derecho, y recuerda que todas las instituciones, incluidas las Fuerzas Armadas, deben regirse a la Constitución Política del Estado y las normas vigentes”.

La institución exhortó a las FFAA a regir sus actuaciones en el marco de la Constitución Política del Estado, recordándole el artículo 244: “Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido, y participar en el desarrollo integral del país”.

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