Concejalas bolivianas denuncian pactos de "alternancia" que les obligan a dejar sus cargos
En 2024 se han producido 61 renuncias de autoridades mujeres electas que se atribuyen estos pactos de "alternancia" o de "gestión compartida"
Un conflicto en el municipio boliviano de Sacaba (centro) muestra cómo los llamados pactos de "alternancia", a los que deben someterse las autoridades electas, se aplican para conseguir renuncias forzosas y que en el caso de las mujeres adquieren niveles de violencia altos.
Tania Sánchez, representante de la Coordinadora de la Mujer, dijo a EFE que la "alternancia" comúnmente "sucede en municipios rurales e interurbanos" y es un procedimiento "inconstitucional", puesto que la legislación de país no prevé que alguien electo para cumplir una función de 5 años deba renunciar a la mitad de su mandato.
Los acuerdos alternancia son tratos implícitos en los que las autoridades designadas en una elección se comprometen a abandonar su cargo en la mitad de su gestión, algo que si no se hace adquiere niveles dramáticos cuando el que reclama el cargo es un varón y la forzada a renunciar es una mujer.
Sánchez explicó que "hay una presión" diferente cuando las afectadas son mujeres concejalas, ya que sufren violencia y acoso "en distintos niveles" como hostigamiento a sus familias, agresiones físicas y críticas dirigidas a su integridad moral o capacidades para desempeñar el cargo.
En Sacaba, municipio contiguo a Cochabamba, la situación se desbordó en mayo pasado cuando ocho concejales, de los que cinco son mujeres, quedaron desplazados por quien se atribuye la presidencia de esa instancia y que con el respaldo de un par más habilitó a los suplentes para reemplazarlos.
Sánchez mencionó que las formas de violencia contra las concejalas mujeres han recrudecido en el contexto de la pugna en el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), dividido entre las facciones leales al expresidente Evo Morales (2006-2019) y los sectores que respaldan al mandatario Luis Arce.
Acoso y violencia
La concejala de Sacaba Martina Rojas señaló a EFE que desde mayo pasado los ocho concejales apartados han dejado de recibir su salario, que han sido blanco de agresiones físicas, se les quitó los teléfonos móviles y se les procesa en una comisión de ética.
Incluso acusó al cuestionado presidente del Concejo municipal, Rubén Alvarado, de recurrir a organizaciones sociales que le son afines para que presionen a los concejales marginados a firmar el acuerdo de "alternancia".
Rojas consideró que esta interrupción se produjo justo cuando ella y los demás concejales relegados estaban ejerciendo su labor de fiscalización a la gestión municipal.
"Este asunto sí es de género, no les gusta que haya una figura femenina que esté haciendo política con una visión diferente y renovada", declaró a EFE Amparo Acosta, concejala del MAS.
Acosta señaló que las acciones en su contra comenzaron a partir de que comenzó a exigir que el alcalde de Sacaba, Pedro Gutiérrez, también del MAS, realice su gestión en coordinación con el Gobierno central, algo que se negó por varios años.
La concejala dijo ella y sus otras cuatro compañeras han sido blanco de una violencia física y psicológica "incomparable" y que la situación en Sacaba "ha sobrepasado cualquier esfera de violencia" que pueda presentarse en otra parte del país.
Acosta mencionó que han atacado su vivienda con "bombas caseras" o molotov y que recibió amenazas por teléfono, pero que con todo se mantiene firme en "buscar justicia y que se respete el Estado de derecho" en Bolivia.
La Coordinadora de la Mujer, en base a datos de la Asociación de Concejalas de Bolivia, señaló que en 2024 se han producido 61 renuncias de autoridades mujeres electas que se atribuyen estos pactos de "alternancia" o de "gestión compartida".
Desde la promulgación de la Ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Política, en 2012, se han cuantificado cerca de 1.000 casos, de los que la mitad ingresaron al sistema penal boliviano, pero que simplemente 6 procesos llegaron a una sentencia ejecutoriada.
El caso más emblemático es el de la concejala Juana Quispe, asesinada en 2012. La pena de 30 años de prisión contra sus agresores, el exalcalde del municipio altiplánico de Ancoraimes, Félix Huanca, y el exconcejal Pastor Cutili, se conoció este año.
