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En la primera Sesión Ordinaria del Consejo Plurinacional Contra la Trata y Tráfico de Personas (Cpcttp) gestión 2021, se analizaron las modificaciones a la ley 263 Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas y el impulso a los acuerdos bilaterales con los países de Perú, Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, España y Panamá.

La presentación de la sesión estuvo a cargo del Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Cesar Siles, quien comunicó las demás autoridades sobre el estado de los convenios de cooperación internacional en temas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

También se presentó el documento “Políticas y Procedimientos para la Suscripción de Instrumentos Internacionales en materia de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes”.

Las autoridades peruanas solicitaron que se trate por separado las acciones relacionadas al delito de trata de personas, y por otro lado, el tráfico ilícito de migrantes

El Consejo mediante su Secretaría Técnica viabilizará reuniones técnicas con los representantes de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes para la revisión de la matriz desarrollada. Mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta el 15 de abril coordinará una reunión mediante videoconferencia. 

Por su parte, la UNODC presentó en la sesión el "Informe Mundial sobre la Trata de Personas", haciendo énfasis de la problemática y los datos estadísticos correspondientes al Estado Plurinacional de Bolivia.

Luego la Secretaria Técnica presentó la sistematización de las posibles modificaciones de la Ley 263 realizada con base a los aportes remitidos por los miembros del Cpcttp en la gestión 2020.

Las autoridades que participaron de este encuentro acordaron presentar una propuesta final para combatir la trata y tráfico de personas y delitos conexos, para garantizar los derechos fundamentales de las víctimas a través de la consolidación de medidas y mecanismos de prevención, protección, atención, persecución y sanción penal de estos delitos. 

En este consejo participaron los  representantes de los ministerios de Justicia y Transparencia Institucional, Educación, Gobierno, Trabajo y Empleo, Planificación del Desarrollo, Economía y Finanzas, Salud y Deportes, Presidencia, además de la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional, la Cancillería, La Defensoría del Pueblo, y organizaciones de la sociedad civil como Visión Mundial y la fundación Munasim Kullakita.

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