El abogado Santiesteban señaló que el caso puede ser más complejo porque no hay investigaciones ni siquiera acusaciones formales en los estrados judiciales penales de Bolivia.

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4 de septiembre de 2020, 16:27 PM
4 de septiembre de 2020, 16:27 PM

El abogado constitucionalista, José Luis Santiesteban, explicó que la demanda por delitos de lesa humanidad presentada por el Gobierno boliviano, contra el expresidente Evo Morales, deberá pasar por fases que dilatarán por varios meses, la admisión de la solicitud o rechazo del proceso. En primera instancia, opinó que ve difícil involucrar a la exautoridad por su participación en los bloqueos camineros.

Para el experto, entre los autores inmediatos están quienes hicieron la convocatoria al paro, el bloqueo y a los que prohibieron el paso y auxilio de medicinas, provocando la muerte. Ahí estaría la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y otros grupos a la cabeza de Juan Carlos Huarachi.

"Veo difícil la comprobación (de la participación) del señor Evo Morales por cuanto él está con asilo en Argentina y tendría que haber una implicación de los autores inmediatos, para que sea involucrado”, aclaró.

La denuncia de la Procuraduría

Este viernes, una comitiva del Estado boliviano presentó en La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya (Países bajos), una denuncia contra Evo Morales, además de los dirigentes Juan Carlos Huarachi de la Central Obrera Boliviana (COB) y Leonardo Loza, dirigente cocalero del Trópico de Cochabamba, por delitos de lesa humanidad, que habrían cometido durante los 12 días de bloqueo de carreteras, registrados en agosto.

Las movilizaciones, promovidas por sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), se registraron en medio de la pandemia por el Covid-19, en las que no se permitió el paso, incluso, de oxígeno medicinal lo que habría provocado la muerte de al menos 40 personas en hospitales.

Proceso largo

El abogado Santiesteban dijo a EL DEBER que la denuncia de la Procuraduría aún no ha sido admitida para su investigación. La fiscal de la Corte iniciará una recopilación de datos y luego deberá dictar un informe para determinar si procede una investigación.

"La Fiscalía puede decidir el inicio de la investigación si ve que hay materia suficiente y también puede informar que no la hay para investigar. El informe va a la sala de cuestiones preliminares y ahí se decide si procede la investigación y el procesamiento”, manifestó.

Es así que, según el abogado, dentro del procedimiento previo, puede haber observaciones y el proceso puede empezar a dilatarse.

Todavía hay unos cuantos meses porque los términos son largos y no perentorios. Se aplican todas las garantías del debido proceso contra los que se denuncia”, señaló Santiesteban.

Además, el caso boliviano puede ser más complejo porque no hay investigaciones ni siquiera acusaciones formales en los estrados judiciales penales de Bolivia.

“La fiscal de la Corte, antes de decidir el inicio de la investigación, tendrá que solicitar todos los antecedentes e indicios de pruebas contra los denunciados. El caso boliviano, de muertes durante la pandemia en Bolivia, todavía está en investigación en el Ministerio público”, argumentó.

Tipo penal

La CPI es un tribunal que juzga delitos de lesa humanidad, uno de ellos es el ataque a la vida en masas en contra de la sociedad civil. “Ahí se ajusta bien el tipo penal ocurrido durante la pandemia. Bolivia es signatario y reconoce la jurisdicción de la corte”, mencionó Santiesteban.

En ese sentido, considera que el delito de lesa humanidad que más se adecua a lo ocurrido es el de “genocidio”, de acuerdo al artículo 6 y 7 del Estatuto de Roma.

Cuatro fases

Según el procurador general del Estado, José María Cabrera, el proceso judicial contra Evo Morales en la CPI constará de cuatro fases, para cumplir todas las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia.

La primera fase es la investigación preliminar, a cargo exclusivamente de la Fiscalía de la Corte.

En la segunda fase se presenta una solicitud de autorización ante una sala de cuestiones preliminares de la CPI, que después autoriza el inicio de la investigación internacional.

La tercera es la etapa de juzgamiento ante la Sala de Juzgamiento de la CPI tras la acusación final de la Fiscalía, que deriva en la emisión de la respectiva sentencia de condena.

La cuarta etapa es la de apelación o casación, que se presenta ante la sala de apelación de la misma Corte Penal Internacional.