El presidente Luis Arce envió un proyecto de ley que hace al menos 13 ajustes en la justicia. Los especialistas ven intromisión del Ejecutivo.

3 de diciembre de 2021, 13:53 PM
3 de diciembre de 2021, 13:53 PM

La Academia Boliviana de Estudios Constitucionales alertó que la reforma a la Ley del Órgano Judicial, planteada por el presidente Luis Arce al Legislativo, “impactará en los derechos ciudadanos”, pues confiere el Ejecutivo atribuciones que vulneran el principio constitucional de independencia de poderes.

La entidad, representada por los constitucionalistas Jorge Asbun y José Antonio Rivera, divulgó un análisis de esta propuesta normativa que fue remitida en junio por el presidente Arce y que en la última semana fue distribuida entre los legisladores para su tratamiento.

El proyecto de ley plantea ajustes en 13 artículos de la Ley 025 del Órgano Judicial, pero al menos tres de estos apartados contienen otros ajustes que también han sido cuestionados por legisladores de la oposición.

El proyecto señala que la normativa “garantiza el acceso y administración de justicia pronta, oportuna, gratuita y transparente con independencia y autonomía, mediante la modificación de la Ley 025”.

“El referido proyecto contiene manifiestas inconstitucionalidades en aspectos esenciales relacionados con la independencia de los jueces y resulta contrario a las exigencias  ciudadanas de mayor seguridad y garantías judiciales”,  señala la evaluación de la academia.

En ese marco, los especialistas observan el régimen de sanciones  y el régimen de destitución de jueces que se crea en el proyecto de ley y que “está al margen de lo establecido en la Constitución”.

De hecho, la propuesta codificada con la numeración 212 establece que el alejamiento de jueces se establecerá tras “los resultados establecidos en una evaluación”, lo que en criterio de los especialistas no toma en cuenta que estos mecanismos deben ser definidos en “tras faltas gravísimas establecidas en una ley”.

Asimismo, se critica la propuesta de modificación del artículo 227 de la Ley del Órgano Judicial, al disponer que la máxima autoridad ejecutiva de la dirección “administrativa y financiera” sea un director designado por la Asamblea Legislativa, pero a partir de ternas propuestas por el presidente del Estado.

“Esto implica una manifiesta intromisión directa del Órgano Judicial, dado el principio de separación de funciones que constituye un pilar básico del Estado de derecho. En consecuencia, la reforma en cuestión, implica un claro y expreso interés de los órganos políticos como la Asamblea y el Presidente del Estado, por tener control sobre los jueces”, apostilla el documento.

En ese marco, la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales señaló que “esta situación afecta al orden constitucional e impactará perjudicialmente en los derechos ciudadanos” y, en ese marco, demandó una reforma de la justicia.

“La falta de independencia judicial, la corrupción, la mora procesal y otros factores tremendamente negativos que afectan hoy la justicia, han motivado que, desde diversas instancias de la sociedad civil, se promuevan estudios, análisis y propuestas que acreditan la necesidad de abordar una reforma integral del Órgano Judicial”, señala el análisis.