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En medio del debate de la aprobación de normas como la Ley de Postergación de Elecciones también surgieron voces que pidieron el cierre de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a lo que los constitucionalistas indican que esa figura en Bolivia no es posible dentro del marco normativo vigente.

El constitucionalista José Antonio Rivera explicó que “cerrar la Asamblea, sería un golpe duro a la democracia”, porque está vigente una ley de ampliación de mandato tanto, para la presidenta Jeanine Áñez como para los parlamentarios. 

Además resalta que en una crisis excepcional y extrema como la que estamos viviendo no solo en Bolivia sino en el mundo entero, se tiene que tomar medidas de carácter excepcional, las cuales tienen que ser objeto y control fiscalización del Legislativo. “La democracia no puede cancelarse por una crisis como la que enfrentamos”.

El constitucionalista también indica que no existe una vía prevista en la Constitución Política del Estado para poder cerrar la Asamblea Legislativa. “La presidenta del Estado no tiene ninguna potestad o competencia para disolver el parlamento y el parlamento no tiene ninguna potestad ni competencia para destituir a la presidenta, porque el régimen que ha adoptado Bolivia es presidencialista de gobierno, que se organiza bajo el principio de separación de funciones y el respeto de la independencia de los órganos”.

Rivera dijo que el caso boliviano no es comparable con el  peruano, porque el vecino país tiene un régimen presidencialista y en su Constitución han previsto un mecanismo de equilibrio que permite expresamente al presidente disolver el parlamento cuando en dos ocasiones continuas el parlamento no otorga voto de confianza al presidente.

“En Bolivia no existe una vía constitucional para cerrar el parlamento”, indicó.

El constitucionalista Ricardo Maldonado también coincidió de que estamos en el marco de una disposición que está vigente, que es la ampliación de mandato de toda la Asamblea Legislativa y de la presidenta.

“Tenemos que sujetarnos a la ley. Estamos aplicando estrictamente lo que establece el derecho y la Constitución Política del Estado”, subrayó el jurista.  


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